Junto con formular cargos a Enap, la Superintendencia del Medio Ambiente explicó las dificultades que tiene para fiscalizar al cordón industrial de Puchuncaví-Quintero, especialmente la restricción a hacerlo con las plantas instaladas antes de 1997, año de creación de la SMA.
Esto último, según explicó la SMA, hace que la superintendencia se vea impedida de fiscalizar los proyectos industriales anteriores al año 1997, es decir, la mayor parte de los proyectos instalados en la zona de Puchuncaví-Quintero, con excepción de algunas modificaciones o ampliaciones que ellos han sufrido en los últimos años. “La SMA no puede ir más allá de esta restricción legal”, enfatizó.
“En este marco de competencias, la SMA durante sus 5 años de existencia ha fiscalizado anualmente todas las industrias del cordón industrial, específicamente, aquellas partes de sus instalaciones que tienen RCA y fruto de esas fiscalizaciones se han iniciado procesos sancionatorios contra diversas empresas”, añadió.
“Ahora bien, apenas conocidos los lamentables hechos ocurridos durante la semana del 20 de agosto recién pasado que se tradujeron en la intoxicación masiva de personas, la SMA se movilizó al lugar con el objeto de iniciar las investigaciones que pudieran llevarnos a determinar el origen de las emanaciones y sus responsables”, agregó.
Luego, en su comunicado, la SMA detalló las siguientes dificultades para fiscalizar en terreno:
– Un conglomerado de más de 15 industrias de gran escala, ubicadas una junto a la otra.
– Se emiten rangos semejantes de contaminantes en casi todas ellas.
– Una emanación de contaminantes irregular completamente fuera de lo normal, de muy corta duración, pero de alta intensidad, de forma que cuando se empiezan a manifestar los síntomas en las personas, estas emanaciones ya habían cesado, es decir, no había evidencia.
– Un antecedente muy preliminar que indicaba que el contaminante probable era alguna clase de componente de hidrocarburos.
– Dada la justificada alarma pública generada, había que llegar a respuestas de la manera más rápida posible.
Respecto a esto último, la SMA expresó que “llegar a determinar fehacientemente, y bajo las condiciones mencionadas, la o las fuentes responsables de haber producido algo así, es extraordinariamente complejo, si uno quiere hacerlo con seriedad y responsabilidad”.
“Lo fácil, sin duda, sería llegar y atribuir responsabilidades al voleo sin un sustento técnico mínimo, pero la disciplina de trabajo que nos hemos impuesto en esta institución está muy lejos de aquello”, advirtió.
Además, la SMA resaltó que “nuestras investigaciones deben conducirnos a resultados razonablemente concluyentes de manera de esclarecer lo ocurrido pero sin violentar los derechos de nadie en el proceso. Es la fe pública la que está en juego, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y por cierto, la institucionalidad ambiental la que se pone a prueba en cada decisión”.
“Cuando iniciamos esta investigación se explicó que la identificación del responsable no era algo que fuera a lograrse de la noche a la mañana pero a pesar de eso, asumimos públicamente el compromiso de tener los resultados dentro de dos semanas”, destacó la superintendencia.
“Consciente de la magnitud del compromiso asumido, desde el primer día, y en forma ininterrumpida durante 24 horas y los siete días de la semana, la SMA ha desplegado todos los recursos que están a nuestro alcance, reforzando desde Santiago, al equipo de 3 fiscalizadores con el que contamos en la V Región”, añadió.