La ex ministra de Justicia y Derechos Humanos y actual consejera del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco a través de un comunicado descartó haber sido interrogada o citada por la Fiscalía aclarando que “en el caso jubilazo de Gendarmería no he sido citada a declarar nunca”.
Esto luego que se revelara que, antes de dejar la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte y asumir como jefa de la Unidad de Focos Delictuales, la persecutora Tania Sironvalle remitió un oficio a su par de Puerto Montt, Marcelo Sambuceti en el que da cuenta de una investigación que involucra, como imputados, al ex director de Gendarmería Tulio Arce y a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco, en el marco del caso Jubilazos, también conocido como caso Ascar-Gendarmería.
Esta indagatoria busca determinar si se abultó, de forma ilegal, el pago de pensiones en Gendarmería.
Blanco agregó que en la arista comisiones de servicios, iniciada por una denuncia del ex diputado Gustavo Hasbún (UDI) en febrero de 2017, “fui citada y, como siempre, he colaborado transparentemente. No tengo nada que ocultar”, añadiendo que “es falso que exista querella del CDE en esta causa”.
Además, la ex ministra del Gobierno de Bachelet anunció que “hoy presentaré una denuncia por el delito de violación de secreto para que el Ministerio Público investigue el origen de las reiteradas filtraciones de información”.
“Hoy presentaré una denuncia por el delito de violación de secreto para que el Ministerio Público investigue el origen de las reiteradas filtraciones de información” aseguró en el texto Blanco
Adicionalmente, dijo que solicitó a sus abogados que presenten un requerimiento a la Fiscalía para el cambio de fiscal del caso Sename.
“Son públicas y sabidas las innumerables filtraciones de información de la causa Sename. Ahora, cuando solicitan antecedentes, los mismos persecutores la hacen pública”, comentó.
La ex ministra concluyó señalando que “las reiteradas filtraciones dificultan un debido proceso, vulneran mis derechos, por tanto, no hay garantías de imparcialidad, a la que todo ciudadano chileno tiene derecho. Es evidente el uso político que se ha hecho de las filtraciones de información en mi contra”.