La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió la demanda presentada por un ex funcionario de la Tesorería General de la República, desvinculado en diciembre de 2017 de la repartición pública, debido a la vulneración de garantías fundamentales.
Debido a esto, se determinó que José Luis Bravo Soto deberá ser indemnizado con $58.055.107, monto equivalente a 11 remuneraciones, más intereses y reajustes.
La duodécima Sala del tribunal de alzada resolvió confirmar la sentencia impugnada (por Tesorería), dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda presentada, tras establecer que la desvinculación vulneró garantías fundamentales a la integridad síquica y física del denunciante.
En fallo unánime se determinó que “no se observa la infracción al artículo 489 del Código del Trabajo, alegada como ultrapetita, ya que en petitorio de la demanda, según se lee del considerando Primero de la sentencia, la indemnización fue solicitada en el marco de la declaración de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, y por un monto comprendido en dicha norma, once meses de remuneración, de lo que resulta manifiesto que solicitó indemnización y que la alegada es la regulada en el artículo 489 del Código del ramo, y no otro tipo de indemnización”.