Este jueves la bancada Comunista y Progresistas (PC/PRO) ingresó un proyecto de ley que busca revertir el cobro a los usuarios por el cambio de los antiguos medidores a los medidores inteligentes. Además, se anunciaron acciones judiciales contra las empresas, en defensa de los usuarios.
El jefe de la bancada PC/PRO, diputado Daniel Núñez, sostuvo que este es “un proyecto sencillo donde solicitamos a todas las bancadas parlamentarias, en especial a las de oposición, a que podamos hacer una tramitación express para que salga rápidamente”.
El proyecto de ley regula tres dimensiones del problema: primero, dispone expresamente que los cambios de empalmes y medidores serán de costo de la empresa concesionaria; segundo, establece que tales cambios serán voluntarios para el usuario; y tercero, establece el derecho de los usuarios a requerir la restitución de los cobros que se han realizado indebidamente.
“La norma que estableció la llamada obligatoriedad de la instalación de los medidores inteligentes es una norma de la Comisión Nacional de Energía. No es una ley. Por lo tanto, nosotros hemos defendido el derecho de la gente a negarse a que le sea instalado este medidor inteligente, aún cuando desde el Ministerio de Energía ha habido otras interpretaciones al respecto”, detalló Núñez.
En tanto, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) explicó que al ser el medidor propiedad y activo fijo de una empresa concesionaria eléctrica, no es lógico que el costo lo asuma el usuario.
“Eso es abiertamente una legislación expropiatoria de los antiguos medidores y creemos que este proyecto que presentamos tiene que subsanar algo que de alguna de forma u otra está atentando contra el derecho de propiedad de los dueños de los antiguos medidores y está obligándolos a hacer una inversión a favor de las empresas”, detalló Gutiérrez.
Asimismo, y ante el proceso en curso del cambio de medidores y el pago por parte de los usuarios, el parlamentario comunista anunció acciones legales junto a las iniciativas legislativas.
“Vamos a iniciar acciones judiciales en contra de las empresas concesionarias eléctricas y en contra de los órganos correspondiente del Estado de Chile (…) Ese prorrateo es un enriquecimiento ilegal e injusto a favor de las empresas concesionarias y hay que denunciarlo tanto por vía legislativa como por vía judicial. Esperamos presentar la próxima semana un recurso de protección. Espero que algunos consumidores y usuarios puedan hacerse parte de este recurso, porque considero que es relevante cuestionar esta legislación”, concluyó Gutiérrez.