La Fiscalía de La Araucanía apeló a la decisión del Juzgado de Garantía de Collipulli que levantó la prisión preventiva y dejó con arresto domiciliario al ex-funcionario GOPE, sargento Raúl Ávila, el pasado 22 de marzo.
El ex efectivo fue formalizado por obstrucción a la investigación por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y por apremios ilegítimos contra el menor M.P.C. que estaba presente al momento de su muerte.
Ávila declaró ante el Ministerio Público que efectivamente había destruido una tarjeta de video de una cámara GoPro que llevaba adosada el 14 de noviembre de 2018, día en que ocurrió el crimen.
Marcelo Catrillanca, padre de la víctima, recordó que se opuso a esta resolución “desde el primer momento”, por lo que “creo que la Fiscalía ha tenido la cordura de entender que no podemos quedar conformes con la sentencia que se le estaba dando”.
“Cada vez que hay una sentencia en contra del pueblo-nación mapuche o de algún mapuche siempre se aplica todo el rigor de la ley, cosa que acá no estaba ocurriendo, y eso es lo que me estaba preocupando”, sostuvo.
El padre del comunero añadió que “es una buena posibilidad para que la sociedad entienda que la justicia para nosotros también va a ser posible”.
En tanto, Galvarino Reiman, werken del del Territorio Nagce, coincidió en que Ávila “tiene responsabilidad directa de haber causado los hechos que hicieron que todo el pueblo mapuche se sintiera conmovido”, por lo que esta apelación se justifica.
“Creo que la libertad de él constituye nada más que una actitud del Poder Judicial que no tiene ninguna voluntad de llevarlo a la justicia verdadera y a los otros responsables directos”, aseguró.