Tras su aprobación en general en la sala del Senado, el 7 de agosto pasado, la ley corta antiterrorista recibió 15 indicaciones en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Pública, que iniciaron el tratamiento en particular de la iniciativa.
Entre las indicaciones hay una del Gobierno para legislar sobre el “lobo solitario” o “terrorismo individual”, término que surgió tras la detención de Camilo Eduardo Gajardo Escalona, 28 años, el supuesto “lobo solitario” del grupo ecoterrotista Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS), acusado de seis atentados, entre ellos los que afectaron a Óscar Landerretche y Louis de Grange.
También presentaron indicaciones los senadores Pedro Araya, Felipe Harboe, Ximena Rincón, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Francisco Huenchumilla y José Miguel Insulza.
El senador Huenchumilla manifestó su sorpresa ante la cantidad de indicaciones presentadas, no tanto por su número, sino que por la cantidad de modificaciones que se plantean.
“La frondosidad de las indicaciones y el debate ameritan tratar el tema con calma, porque incluso escuché al ministro de Interior hablar que estamos en presencia de una nueva definición de tipo penal terrorista como es el lobo solitario. Y tendremos que aclararlo, si estamos en presencia de eso o no”, dijo el parlamentario.
Precisó que “no me opongo a legislar sobre el fondo de las modificaciones que necesita la Ley Antiterrorista para ponerla al día, con los estándares internacionales y las objeciones que ha tenido algunos organismos como la Corte Interamericana de DD.HH. Un tema político pendiente. Además, siempre entendí que la Ley Corta era eso”.
“Pero hoy día me encuentro con que legítimamente los senadores y el gobierno han planteado un conjunto de indicaciones que entran a otro tipo de temas”, añadió el representante de La Araucanía.
La iniciativa aprobada en general modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. De este modo, se podrían permitir intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos entre otros.
Precisamente uno de los puntos que genera inquietud dice relación con las escuchas telefónicas, razón por la cual insistieron en la necesidad de que el Ministerio Público responda un oficio que le enviaron sobre la materia.
Uno de los antecedentes entregados en la Comisión por el profesor Jean Pierre Matus, señala que se han llegado a registrar 50 mil grabaciones telefónicas en una sola investigación. El principal punto en cuestión es cómo se controla y resguarda que información que pueda ser confidencial y que no tenga directa relación con la investigación, no sea de dominio público.
De hecho, varias indicaciones, incluidas las del Ejecutivo, proponen mecanismos de resguardo y de destrucción de ese material, una vez que no se necesite. Asimismo, hay propuestas que apuntan a fortalecer las líneas de custodia e integridad de las pruebas y una que busca permitir ocupar las herramientas intrusivas en aquellos casos donde aparezca la figura del “terrorismo individual”.
Aton Chile