Expertos de la Organización de las Naciones Unidas condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Chile durante las recientes semanas de protestas.
A través de un comunicado, se detalla que “al menos 20 personas murieron y alrededor de 1.600 resultaron heridas, incluyendo agentes de policía, en protestas que comenzaron a principio de octubre por el aumento de los costos de transporte y desigualdad profundamente arraiga. El 19 de octubre se declaró el estado de emergencia en varias provincias en medio de una escalada de violencia. También han sido detenido miles de personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes”.
Los expertos, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos y que desempeñan sus funciones a título personal, señalaron que “la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad“.
Además, declaran estar “profundamente preocupados” por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza contras las personas antes de ser detenidos y por la información que han recibido sobre “abusos perpetrados en contra de niños y niñas, malos tratos y golpes que podrían constituir tortura”
También dicen haber recibido informes de violencia sexual en contra mujeres, hombres y adolescentes, que incluyen “prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención”.
Junto con rechazar los actos de violencia cometidos por particulares, los expertos de la ONU recordaron que “el Gobierno de Chile tiene la obligación no solo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas contra los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar sus derechos“.
Por último, se indica que los expertos independientes aceptaron la invitación de las autoridades de una misión de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país y que se ha discutido la voluntad de determinar responsabilidades en casos de violaciones de DD.HH., “en particular las cometidas por agentes del Estado”.
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