La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas bajo determinadas circunstancias. Con 127 votos a favor, siete en contra y trece abstenciones, la iniciativa fue despachada al Senado.
En específico, el proyecto define de seis situaciones que serán consideradas como desorden público y establece penas específicas para sancionarlas.
El proyecto pretende sancionar con una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo (3 años y 1 día a 5 años) los desórdenes ocurridos en manifestaciones o reuniones públicas cuando sus participantes “se valen de ésta y de forma violenta concurren en desórdenes públicos, asegurando así su impunidad”.
En cuanto a los saqueos, se agregó un inciso al delito de robo en lugar no habitado para aumentar la sanción de este tipo de robo que va desde el presidio menor en su grado mínimo (61 días a 541) a grado máximo (3 años y un día a 5 años),
Se entenderá como desorden público:
1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
“El proyecto también indica que se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados, siempre que no constituya una asociación ilícita, ya aborda en otro marco del Código Penal”, consigna el sitio web de la Cámara.
Además, se detalla que “en todo caso, se define que si un hecho previsto en esta cuadro legal merece mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará ésta última”.