De manera unánime la Cámara de Diputados aprobó un nuevo marco regulatorio para los llamados gastos reservados de que gozan algunas instituciones del país y quedó listo para ser promulgado como ley de la República.
La propuesta, aprobada en tercer trámite legislativo, define lo que se entenderá por gastos reservados; las entidades facultadas para su uso; los procedimientos de control y de probidad a seguir; y normas sancionatorias en caso de irregularidades o de vulneraciones a los preceptos de esta ley.
El objetivo final de este marco regulatorio, es evitar usos no autorizados o irregulares, como ha ocurrido en el pasado y que han dado pie a procesos sumariales y judiciales que han afectado a exaltas autoridades castrenses y policiales.
En texto legal, indica que se entenderá por “gastos reservados” aquellos egresos que, por el ministerio de esta ley, se facultan realizar exclusivamente a las entidades mencionadas en este cuerpo legal, para el cumplimiento de sus funciones, “siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas”.
De esta forma, tratándose de la Presidencia de la República, se entenderán comprendidos dentro del concepto de gastos reservados solo aquellos egresos que, siendo inherentes a sus funciones, por su naturaleza deban ser reservados o secretos.
Las entidades que contarán con esta facultad serán: la Presidencia de la República; los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional; la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado; las Fuerzas Armadas; Carabineros de Chile; la Policía de Investigaciones de Chile; y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).