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La presidenta de Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, reconoció que la presencia de Javiera Blanco como consejera de la entidad fue “compleja”, en especial cuando se comenzó a indagar el fraude en Carabineros, caso por el que la ex ministra fue querellada.

Manaud se refirió a la querella que interpuso el CDE esta semana en contra de la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, la que incluye además a los tres ex generales directores Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos.

La titular del CDE comentó que fue una situación compleja tener en el concejo del organismo a Blanco, en especial por las críticas en contra de ella por su vinculación a causas judiciales.

Sí, fue compleja por cierto, pero no fue un inconveniente para que ella cumpliera sus atribuciones y las investigaciones se realizaran en forma paralela y reservada“, aseveró.

A Blanco se le acusa de haber recibido, mientras ejercía como subsecretaria de Carabineros, sobresueldos provenientes de gastos reservados, suma que sobrepasaría los $47.300.000.

“La investigación está esperando, por lo tanto no se puede afirmar que exista responsabilidad penal de parte de ella. Hay que esperar los resultados de la investigación”, precisó la presidenta de CDE.

La máxima representante del Consejo de Defensa del Estado hizo estas afirmaciones tras realizar la cuenta pública de la entidad, en la que participó el Presidente Sebastián Piñera.

En la ocasión, indicó que que uno de los diversos factores involucrados en las protestas sociales “guarda relación con la pérdida del respeto y confianza en las instituciones del país, incluidas las del más alto nivel”.

Asimismo, expresó que el combate a la corrupción requiere leyes más duras.

La corrupción ha sido y sigue siendo en nuestro país un asunto serio y preocupante, que exige más prevención que la realizada y necesita sanciones más disuasivas de las que hoy tenemos”, dijo Manaud.

Respecto del plebiscito del 26 abril, la presidenta del CDE señaló que “pondremos de nuestra parte todo lo que el ordenamiento jurídico nos entrega para garantizar que la voluntad de los chilenos pueda ejercerse libre y espontáneamente”.

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