El pleno de la Corte Suprema alzó la voz respecto a la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien está siendo acusada por diputados del parlamento por la libertad condicional que le otorgó a Hugo Bustamante en 2016.
El líbelo acusatorio, el que está liderado por el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, y que es apoyada por diversos parlamentarios del oficialismo acusa a la magistrada de un notable abandono de deberes, luego que el imputado, esté siendo juzgado por el homicidio de Ámbar Cornejo.
“El respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra, pero en lo que realmente les compete”, aseguraron.
“La Corte Suprema de Justicia cumple, una vez más, con el deber de exigir el respeto debido a la autonomía e independencia de los jueces del país, con motivo de la acusación constitucional que se ha presentado en contra de la ministra señora Silvana Donoso Ocampo, que tiene su origen en la resolución adoptada en una sesión de la Comisión de Libertad Condicional que le correspondió presidir, y que se encontraba integrada, además, por cuatro jueces”, agregaron.
En ese sentido, el pleno de la Suprema explicó que “con fecha 10 de agosto de 2018, esta Corte hizo oír su voz —en defensa del Estado de Derecho— frente a acusaciones constitucionales contra tres ministros del máximo tribunal, acusados de notable abandono de deberes, misma imputación que ahora se formula en contra de la ministra Sra. Donoso”.
“El cuestionamiento de las argumentaciones que sustentan la decisión de un juez implica la revisión de la misma por un órgano extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación a la autonomía de los magistrados y, por lo mismo, de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial”, cerraron.