Este miércoles los diputados Camila Flores (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) anunciaron la presentación de un oficio a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) para que determine si es correcto el actuar de Contraloría, en el marco del sumario administrativo contra siete generales del Alto Mando de Carabineros por su rol en los procedimiento durante el estallido social.
Un detalle a tener en cuenta, es que el secretario ejecutivo OLACEFS es el mismísimo contralor chileno, Jorge Bermúdez, quien, según la estructura organizativa de la institución, en jerarquía viene después del presidente de la instancia, Nelson Eduardo Shack, el contralor de Perú.
Según la página web de la OLACEFS, dicho cargo está representado por la contraloría chilena desde 1 de enero de 2013 y será así hasta el 31 de diciembre de 2021.
“Este órgano se encarga de brindar apoyo a las diversas estructuras de OLACEFS (Asamblea, Consejo Directivo, Presidencia, Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo), así como el soporte técnico-administrativo para la ejecución de sus actividades”, precisan sobre el rol del cargo.
Sobre Bermúdez, indican que “tiene importantes participaciones en foros, seminarios y congresos internacionales de su área; y ha escrito numerosos libros, tales como ‘Derecho Administrativo General’ y ‘Fundamentos de Derecho Ambiental’; y artículos en revistas jurídicas de Chile y el exterior”.
El oficio de los parlamentarios fue presentado, ya que, a su parecer, “la actuación de la Contraloría General de la República, constituye un actuar inusual, que es lejana a su expertis, y de la que no podemos anticipar las consecuencias para el devenir de nuestra institución policial”.
Si bien valoran la institucionalidad de la Contraloría, apuntaron que es importante que dicho órgano fiscalizador “no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos, y que a pesar de poder actuar dentro de la esfera de competencias que la ley y el ordenamiento jurídico le han conferido, lo hagan con objetividad, sin dar concesiones o un trato indulgente a quienes resultan afines a sus ideas político-partidistas, mientras como contrapartida hacen valer todo el peso de la ley en quienes resultan contrarios a estas”.