El 2 de octubre se realizó una audiencia en el 4° Juzgado de Garantía para decretar a petición del Ministerio Público y el alcalde de Recoleta, Alcalde Jadue, el allanamiento de las oficinas de la inmobiliaria Bellavista. Junto a ello, solicitaron decretar el sobreseimiento definitivo de la autoridad comunal.
Sobre el caso, que involucra a los permisos de construcción de las Torres Bellavista, el tribunal dio plazo hasta el 9 de octubre a la inmobiliaria para entregar los documentos “que ha ocultado durante un año con versiones contradictorias y de no entregarlos, se ordenará el allanamiento de la Inmobiliaria, por lo tanto el sobreseimiento deberá decretarse una vez concluyan las diligencias, entre ellas, que la inmobiliaria cumpla con lo ordenado de entregar los documentos que mantiene ocultos”, señaló la municipalidad a través de un comunicado.
Para aclarar la calidad de “imputado” que tendría Jadue, la comuna indicó que esta es una “arremetida comunicacional” de la inmobiliaria, ya que el 8 de junio la Corte de Apelaciones resolvió “que no existen incumplimientos por parte de la Municipalidad de Recoleta y que esta entidad sí se pronunció sobre los permisos de edificación, los cuales estarían caducos. Con este fallo quedó claro que la Municipalidad de Recoleta ha actuado en derecho y que el rechazo a la recepción final fue pronunciado en cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra”.
El alcalde Daniel Jadue indicó que “siempre hay costos cuando se combate a la corrupción y se defienden los barrios del negocio de las inmobiliarias, sobre todo de aquellas que son capaces de hacer lo que sea para instalar sus negocios, pasando por encima de toda norma”.
“Nosotros en Recoleta no estamos disponibles para aquello y llegaremos hasta las últimas consecuencias, porque es nuestro deber ético y jurídico. Si me van a perseguir por combatir la corrupción, estoy disponible”, indicó el jefe comunal.
“Esta inmobiliaria, que ha perdido innumerables juicios, está buscando leguleyas para hacer creer que el tema sigue vigente, han perdido todo y tendrán que demoler. Es tal su desesperación que el mismo gobierno ha hecho de vocero de su negocio, lo cual es a todas luces una desproporción y una vergüenza para Chile”, sentenció el alcalde de Recoleta