Por 102 votos a favor, 32 en contra y 11 abstenciones, los diputados respaldaron la propuesta de la comisión mixta respecto del proyecto sobre Migración y Extranjería, presentado en 2013.
En el tercer trámite de la iniciativa, la Sala de la Cámara rechazó 10 artículos que contenían cambios realizados por el Senado, lo que obligó a la creación de una comisión mixta que resolviera las discrepancias planteadas.
Entre los acuerdos propuestos por la instancia y ratificados en la sesión se establece que a los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuese reconocida tal calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad, de acuerdo a lo que se establece en la ley de protección de personas refugiadas.
Lo anterior, mientras se cumpla con los requisitos que establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería, que también establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria.
Asimismo, se señala que ninguna persona extranjera titular de protección complementaria podrá ser expulsada o devuelta al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género.
El informe de la comisión agrega que no podrán invocar estos beneficios quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito en Chile o el extranjero; o respecto de quienes existan fundados motivos de que ha cometido un delito contra la paz, de guerra o cualquier otro delito contra la humanidad o que sea considerado como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra.
En una segunda votación se respaldó, por 108 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, el octavo artículo transitorio que establece que quienes hubiesen ingresado al país por pasos habilitados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, se encuentren en situación migratoria irregular y no tengan antecedentes penales podrán, dentro del plazo de 180 días, contados a partir de la publicación de esta ley, solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente. Se precisa que para aquellos que hayan ingresado por pasos no habilitados, deberán salir del país para regularizar como cualquier migrante.
El texto pasó ahora a consideración del Senado, antes de ser enviado al Ejecutivo para su promulgación.
La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se mostró contraria al proyecto, ya que señaló que no se garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes no acompañados y se les expone a ser expulsados del territorio nacional, siendo rechazados en la frontera. Por ello, indicó que recurrirán al Tribunal Constitucional.