Este viernes, el Gobierno concretó la última expulsión de extranjeros del año, correspondiente a 143 personas condenadas por delitos con penas menores a cinco años y que su sanción puede ser sustituida por la expulsión y la prohibición de regresar a Chile por 10 años.
Ante el aumento de estos viajes, el Ejecutivo publicó una licitación para contratar 15 aviones chárter para expulsar a 1.500 infractores de ley, cuyos vuelos hoy están a cargo de la FACh, con un costo cercano a la de los aviones comerciales.
En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que “antes las expulsiones eran una excepción, se hacían a través de vuelos comerciales, finalmente se compraba un pasaje de avión para el expulsado y para las personas que iban resguardando sus seguridad”.
Ahora, “cuando empezaron aumentar el número de expulsados tuvimos una colaboración muy activa y se hacían vuelos, como hoy, a través de la Fuerza Aérea“.
“La verdad es que con número de personas que hoy día están siendo expulsadas, ya sea judicial o administrativamente, hemos decidido contratar vuelos exclusivamente para materializar expulsiones y hacerlas más expeditas, rápidas y efectivas“, anunció.
“El financiamiento de esos vuelos, y esa es una de las gracias de nuestra ley migratoria, es que a través de lo que se recauda por infracciones migratorias, es decir, lo que pagan los mismos extranjeros al pagar multas producto de infracciones que se vieron cometidas a a ley de migraciones, se forma un fondo para justamente financiar las expulsiones“, señaló Galli.
“Es con cargo a ese fondo que estamos licitando vuelos chárter, que esperamos materializar durante este verano”, concluyó el subsecretario.