La Contraloría General de la República tomó de razón el decreto promulgatorio firmado e ingresado por el Presidente Sebastián Piñera, que autoriza el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.
Producto de esto, ahora sólo resta que el texto sea publicado en el Diario Oficial, para así transformarse en Ley de la República, lo que podría ocurrir en las próximas jornadas.
Cabe recordar que el pasado 3 de diciembre, la Sala del Senado aprobó y despachó el proyecto impulsado por el Gobierno, por 41 votos a favor y una abstención de Felipe Kast.
¿En qué consiste el proyecto?
La iniciativa establece que, excepcionalmente y en el contexto de la crisis sanitaria producida con ocasión del Covid-19, se autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones realizar, de forma voluntaria, un retiro por hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
El retiro no podrá exceder de 150 UF, ni ser inferior a 35 UF, en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores a lo recién mencionado, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta.
Estarán impedidos de solicitar el retiro las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República y que afecta a las altas autoridades (Presidente, ministros, subsecretarios y parlamentarios, entre otros).
Asimismo, establece que no pagarán impuestos por este retiro las personas con una renta imponible de 30 Unidades Tributarias Anuales, lo que equivale a una renta imponible de $1,5 millones mensuales.
La entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera:
– El 50% en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP.
– El 50% restante en el plazo máximo de diez días hábiles a contar del desembolso anterior.
En tanto, por separado, se votaron las normas relativas al pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias, las que fueron respaldadas con 28 votos y 10 abstenciones.