El pasado miércoles, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, compareció ante el Senado producto del rol que tuvo la institución durante la crisis social. En ese sentido, el uniformado aceleró y profundizó una reforma que contempla grandes cambios en la formación de los funcionarios.
En esa línea, Yáñez argumentó la necesidad de contar con este proyecto de ley y así, resguardar la labor policial, aumentando las sanciones para quienes agredan a Carabineros y, también abordó los procesos que se siguen contra ellos y cómo repercuten en sus remuneraciones.
“Lo que necesitamos hoy en día son normas legales que apoyen claramente la labor del personal de Carabineros o de Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, de tal forma que cuando sean atacados, lesionados gravemente o agredidos y deban usar los medios que el estado les ha proporcionado para cumplir su función”, dijo.
“La verdad es que, en el último tiempo, y por eso es tan pertinente que le legisle al respecto, pareciera que cada vez los carabineros han tenido que intervenir en el ejercicio de sus funciones, estos terminan siendo imputados, formalizados, y muchos de ellos terminen cautelares”, agregó.
“Solamente señalar que cuando les imponen la medida de arresto domiciliario a un carabinero, él pierde su sueldo, queda sin percibir sus remuneraciones y su grupo familiar queda absolutamente desprovisto del sustento que tiene que entregar”, complementó.
Cabe señalar que, actualmente existen 31 funcionarios que están en prisión preventiva o arresto domiciliario total, quienes no pueden trabajar y están sin sueldo.