El coordinador nacional de la Unidad de Macrozona Sur, Pablo Urquízar, hizo un llamado al Estado en su conjunto para hacer frente a los delitos que ocurren allí, luego del asesinato al carabinero Francisco Benavides.
“Acá estamos frente no a delincuencia común, sino que a orgánicas radicalizadas y terroristas que los que buscan es el temor en la población para tener como resultado el cambio de ciertas decisiones por parte de la autoridad”, explicó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. Por ejemplo, dijo, piden la libertad de ciertos presos.
“Cuando el Estado actúa frente la delincuencia común, esta se inhibe. Cuando el Estado actúa frente a la orgánica radicalizada y terrorista reacciona de un modo distinto, y que a veces es extremadamente complejo, por lo tanto terminan sucediendo hecho tan lamentables como lo que vimos el día lunes”, dijo.
Frente a esto, pidió que el Estado se haga cargo de estos problemas, apuntando especialmente al Congreso.
“Hoy tenemos nueve proyectos de ley, en promedio llevan 150 días en tramitación, que apuntan directamente a la seguridad de la macrozona sur, y esos proyectos hasta la fecha no ha salido ninguno. Necesitamos la prioridad, el Gobierno les ha puesta las urgencias respectivas, suma urgencia, discusión inmediata, para que se puedan hacer patente luego, pero lamentablemente no vemos todavía esa urgencia, necesidad y prioridad por parte del Congreso Nacional“, señaló Urquízar.
“Es el Estado en su conjunto el que tiene que actuar y no solo actuar, sino que darle la celeridad respectiva para que coordinadamente apunten a lo que las personas de la macrozona sur necesitan y quieren: mayor seguridad básica para estar tranquilos y poder desarrollar su vida, su actividad económica, social y culturales”, agregó.
Un ejemplo concreto que dio es el caso de la usurpación de tierras. “La usurpación hoy día es un problema que está ocurriendo en La Araucanía. Entre el primer trimestre del año 2021 y el primer trimestre del 2020 han subido un 688%. Cuál es la sanción a la usurpación: es una multa que va entre 6 u 10 UTM si no es violenta y de 11 a 20 UTM si es violenta”, dijo.
“Lo que le estamos pidiendo al Congreso, simple y llanamente, es que el delito de usurpación pueda tener penas privativas de libertad, y por ende, las personas que usurpan vayan a la cárcel, y cuando haya flagrancia se puedan detener, porque hoy no se pueden detener y lo único que pueden hacer los Carabineros es desalojar”, lamentó