El 15° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes 26 de julio la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.
La Fiscalía acusó al exedil de haber recibido millonarios pagos entre los años 2013 y 2017, monto que ascendía a los $263 millones. “En el periodo comprendido entre enero del 2013 y septiembre del 2017 obtuvo un incremento patrimonial relevante e injustificado por la suma de $263.818.500 conforme al siguiente detalle registrado en dos de sus cuentas”, indicó la entidad, según consignó Emol.
En esta misma línea, el organismo puntualizó que sobre los presuntos “delitos de cohecho pasivo”, Aguilera “solicitó y/o aceptó un beneficio económico para sí, por haber omitido un acto debido propio de su cargo, como es haber omitido ejercer sus facultades generales de fiscalización y supervigilancias internas de acuerdo al artículo 51 y 56 de la Ley Orgánica de municipalidades y, velar por la observancia del principio de probidad administrativa dentro del municipio, así como por haber ejecutado actos con infracción a los deberes de su cargo, como es haber ejecutado los actos y celebrado los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad”.
Con respecto a un eventual lavado de dinero, la Fiscalía detalló que “con el objeto de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes provenientes de los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho cometidos por si mismo, en el periodo comprendido entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017, el imputado (…) sabiendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícitos de estos y con el objetivo de ocultarlos o disimularlos de la supervigilancia de la autoridad correspondiente, realizó diversas maniobras para adquirir, poseer, tener o usar los referidos bienes con ánimo de lucro“.
Finalmente, la magistrada Mariela Hernández decidió acoger la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que Aguilera “puso en riesgo la democracia y Estado de derecho”.
“El daño que se genera al estado de derecho es un daño que, estimo, no es posible cuantificar. Aquí claramente son delitos de corrupción (…) Aquí no solamente importa la peligrosidad en cuanto a la pena asignada al delito, importa el daño que se le ocasiona a los bienes jurídicos afectados por este tipo de ilícitos”, dijo Hernández.
“Es por esto que considero que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, independiente de que ya no ejerza la función”, concluyó.