El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió este jueves al informe de Human Rights Watch, en donde se pide al Gobierno poner fin a las expulsiones sumarias de ciudadanos venezolanos.
Al respecto, Galli señaló que “se nos pide terminar con las expulsiones, y la verdad que eso sería renunciar a cumplir la ley en Chile. Nuestra ley migratoria, hoy día, la ley vigente”.
“Pero también la ley nueva, que va a entrar vigencia dentro de poco tiempo. Establece la expulsión como un resultado de graves infracciones migratorias en nuestro país”, agregó.
El subsecretario detalló que “nosotros hasta ahora tenemos 33 mil expulsiones decretadas en nuestro país. 13 mil de las cuales corresponden a personas que tienen antecedentes penales en Chile o en su país de origen, y que por lo tanto, no pudieron regularizar su situación migratoria en nuestro país”.
En esta línea, aseguró que “lo que corresponde es que el Gobierno lleve adelante los procesos administrativos, y si ese proceso administrativo da como resultado la expulsión, lo que corresponde al Gobierno es hacer cumplir la ley y materializar esas expulsiones”:
No obstante, aclaró que “obviamente con pleno respeto del debido proceso. Y en segundo lugar, en caso de que hayan situaciones excepcionales, por ejemplo, un ciudadano extranjero que tiene vínculos con niños, niñas o adolescentes en Chile, no se materializa esa expulsión. Una persona que tiene una situación humanitaria en nuestro país, no se materializa su expulsión”.
Cabe recordar que José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que “Chile debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos”.
“Es contradictorio que el Gobierno condene los abusos del régimen de Maduro pero deporte sumariamente a venezolanos a pesar de que su vida puede estar en peligro”, agregó.