La normalización de actividades judiciales suspendidas en su etapa probatoria, a raíz de la pandemia, permite avizorar una verdadera avalancha de procesos acumulados en más de 18 meses, lo que sugiere anticipar acciones en cuanto a procedimientos que son claves en la resolución de conflictos civiles, tributarios, familia, penales y laborales, entre otros.
Una verdadera avalancha de procesos judiciales, en especial aquellos referidos a cuestiones civiles, tributarias, familia, penales y laborales, entre otros, es lo que en Chile expertos advierten que ocurrirá a partir de noviembre, debido al retorno regular de funciones de los tribunales respecto de litigios y procesos que se vieron interrumpidos por razones sanitarias.
Solo para graficar un ejemplo, el nivel de atochamiento ha llegado a un récord histórico, tal y como corresponde a una crisis sanitaria global todavía en curso. A marzo de 2021, según datos de la Dirección de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el retraso de los tribunales producto de la pandemia equivalía a 18 meses de trabajo, con alrededor de 94 mil audiencias pendientes solo en los tribunales laborales. “Calcule usted la suma de juicios que están suspendidos en etapa probatoria, para todas y cada una de las áreas del derecho en nuestro país”, señala Iván Cifuentes, Perito Judicial inscrito en todas las cortes del país y Director de Cifneg Consultores.
Las partes involucradas en un proceso pendiente bien pueden adelantar trabajo, como contratar la realización de informes realizados por peritos inscritos en las respectivas Cortes de Apelaciones del país, quienes cuentan con los conocimientos especializados y reconocidos por el Poder Judicial, suministrando así información y opiniones técnicas claras y precisas, que auxilian la labor de los jueces. Cabe recordar que estos informes periciales pueden servir de prueba para la etapa probatoria, como así también para el inicio de cualquier gestión judicial.
En esta etapa fundamental de términos probatorios, que es la instancia en la que se aportan las pruebas, entre ellas, documentos, testigos e informes periciales, entre otros, “existen dos formas para acompañar un peritaje judicial. La primera es como peritaje judicial privado, donde las partes comprometidas pueden hacer frente o iniciar una pretensión judicial con antecedentes fundados, que los jueces analizan y consideran como parte de un juicio. La segunda forma, en cambio, es cuando un perito es nombrado por un tribunal, gracias a la calidad de independiente del perito respecto de las partes, lo que hace que estos informes periciales gocen de un peso importante dentro de las pruebas fundantes de cualquier sentencia judicial”, explica Iván Cifuentes.
En un contexto en que se prevé un alto nivel de saturación, aun cuando las instituciones adopten las medidas orientadas a agilizar estos procesos, se aconseja a las personas y empresas tomar conciencia sobre los beneficios que implica asesorarse por especialistas en informes periciales judiciales, para estar preparados cuando toque acudir al llamado de los procesos judiciales.