El alcalde y vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) Juan Pablo Barros, exigió este jueves la participación del Gobierno y del Congreso para permitir que las municipalidades puedan garantizar la venta a precios bajos de gas licuado.
Esto ya que ante el alza en el precio del gas durante la pandemia fueron varios los municipios que suscribieron a la idea de vender “gas a precio justo”.
En ese sentido la iniciativa les daría “una alternativa a las familias que ven afectada su economía por los precios” actuales en el mercado. Sin embargo, un dictamen de Contraloría estableció como inconstitucional esta iniciativa.
En este sentido el actual alcalde de Curacaví y también vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) Juan Pablo Barros, señaló que “este dictamen cambia el escenario porque pone una limitación que escapa a lo que como municipalidades podemos hacer y ahí necesitamos la participación del Gobierno y del Congreso”.
“Más allá si las municipalidades venden o no gas, lo importante es que se ponga este tema sobre la mesa”, sostuvo.
Sobre la idea que tenían los municipios, el alcalde comentó que “esta iniciativa de vender o distribuir el gas a través de las municipalidades es interesante, porque en el fondo lo que permitiría es incorporar más sectores para hacer más competitivo este mercado”.
“Pero la realidad que tenemos es que hay varias distribuidoras locales que hacen una muy buena labor, pero en el fondo ellos toman un valor que les viene dado, entonces no pueden hacer mucho”, añadió
En relación a lo que pasará ahora con esta iniciativa de los alcaldes luego del dictamen de Contraloría, Barros enfatizó en que “nosotros mantenemos esta línea de apoyo a las familias que más lo requieren, que pueden estar pasando una situación de mayor vulnerabilidad con para poder adquirir gas, eso lo mantenemos y nos permite enfocarnos en aquellas personas que más lo requieren”.
“Este es un tema transversal y en ese sentido poder avanzar más allá de cómo interpretar este dictamen, porque en ese sentido la norma es bastante clara lamentablemente”, afirmó.
El también vicepresidente de AMUR, expresó que esta iniciativaiba en la línea de ayudar a las personas y establecer una mayor competitividad que permita disminuir los precios.
“Si se va a dar una discusión debería ser algo mucho más de fondo, sobre qué cambios regulatorios se deberían hacer para no estar dependiendo si es que la municipalidad se involucra o no en la distribución de gas“, explicó.
“Lo que se requiere es una política pública sobre todo desde una mirada más regulatoria que facilite más actores y mayor competencia en el mercado y por otro lado evitar prácticas que podrían facilitar que se generen estos eventuales acuerdos que están en investigación”, finalizó el alcalde.