proceso constitucional Carter
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Hasta el Palacio de La Moneda llegó esta mañana el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, acompañado por los jefes comunales de Providencia, Evelyn Matthei; Las Condes, Daniela Peñaloza; de Colina, Isabel Valenzuela; Vitacura, Camila Merino y de Puente Alto, Germán Codina, entre otros, para entregar una carta dirigida a la ministra del Interior Izkia Siches, con 12 medidas urgentes para hacer frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país, que ha significado un alza del 89% en los homicidios y del 79% de los robos con violencia en los últimos 28 días.

“La delincuencia nos está cambiando la vida para mal a todos”, dijo Carter, y pidió al Gobierno que “en el tiempo que les sobre, (…) se dediquen a este tema que es tan fundamental”.

El edil de La Florida explicó que “tal como viene en las propuestas que entregamos hoy, es clave crear un Sistema Nacional de Víctimas. El nuevo proyecto constitucional habla de más derechos para las personas privadas de libertad, pero ¿por qué no hay una disposición a defender a los que no tienen voz? Hoy en el Ministerio Público las causas están repletas, no hay espacio para defender a las víctimas, por eso los delincuentes tienen todos los derechos y las víctimas cero”.

La carta entregada a la ministra del Interior, firmada por 46 alcaldes, contiene otras 11 propuestas, entra las que destacan dictar “sin más trámite” el Reglamento de la Ley de Armas; entregar mayores facultades a los equipos de seguridad municipal; implementar técnicas especiales de investigación para enfrentar al crimen organizado; reforzar a las policías en la Macrozonasur; dotar de mayor personal y equipamiento a Gendarmería; avanzar en el proyecto de ley que crea el estatuto de protección a las policías; legislar sobre el robo de madera y darle discusión inmediata a la modificación de la Ley 20.000, que permite perseguir efectivamente el patrimonio de los narcotraficantes.

En tanto, sobre los dichos del exconvencional, Daniel Stingo, el alcalde Carter precisó que “las personas de más altos ingresos viven en condominios más vigilados, con más cámaras y cuando los ataca la delincuencia, tienen un abogado particular, probablemente el mejor de Chile”.

“Las personas humildes no tienen abogados, no tienen cámaras, no viven en condominios. Si hay algo en lo que hay desigualdad en Chile, es en el acceso de la justicia. Por eso, junto con la transformación radical que debe haber del sistema procesal penal, urge que este Gobierno pare de hacer campaña por un ratito, para que tome ciertas medidas que les hemos pedido desesperadamente”, agregó.

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