Durante esta jornada, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó las medidas cautelas de firma mensual y arraigo nacional a los cuatro funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por la tragedia del avión Hércules C-130, en el que resultaron 38 personas fallecidas.
Además, el Ministerio Público formalizó a los cuatro oficiales por el cuasidelito de homicidio con resultado múltiple, por su responsabilidad en la tragedia aérea de diciembre de 2019.
En concreto, los imputados fueron el general en retiro, Eduardo Mosqueira Cruz; y los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Allan Asenjo Contreras.
De acuerdo al ente persecutor, el 9 de diciembre de 2019 la aeronave estaba en Punta Arenas, en donde los oficiales Ojeda, Mella y Asenjo “no tomaron las medidas necesarias para corregir la práctica irregular de concurrencia alternada a las misiones”.
“De un especialista Electro Electrónico Aéreo función electrónica y de un especialista Electro Electrónico Aéreo función Instrumentos, no habiéndose llevado a especialista en esta última función, infringiéndose manuales y reglamentos“, agregó la Fiscalía.
“Hubo una introducción de corriente de alto voltaje”
En ese sentido, precisaron que “lo anterior causó que ante una falla de instrumentos de la aeronave, se efectuara una manipulación incorrecta de los indicadores de cantidad de combustible de los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto voltaje en los mismos”.
Esto ocasionó un colapso en el vuelo del avión Hércules C-130, situación que habría provocado su caída en el Mar de Drake.
No obstante, según la Fiscalía, el ex general Mosqueira “no implementó un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la ejecución segura de los vuelos en su jurisdicción”.
Asimismo, el ente agregó que “hubo un aumento del riesgo permitido, ya que de haber realizado las acciones de supervisión que le correspondían, la aeronave no habría despegado de la IV Brigada Aérea“.
Tras su formalización y el dictamen de las respectivas medidas cautelares, el Tribunal de Punta Arenas fijó un plazo de ocho meses para desarrollar la investigación.