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En la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) se realizó el viernes una nueva reunión de los actores que integran la fuerza de tarea público-privada contra el robo violento de vehículos impulsada por esta institución, en la que se anunciaron una serie de medidas a implementar en esta materia.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la ministra de Obras Públicas, Jessica López y el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, y en ella participaron representantes del Ministerio Público, Carabineros, PDI, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), la Cámara Nacional de Comercio Automotriz (CAVEM) y la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) y de distintos organismos públicos, como el Registro Civil y Aduanas.

Entre las nuevas propuestas a implementar acordadas por la fuerza de tarea público-privada hay dos que están a cargo de un subgrupo de trabajo entre la SPD, el MOP y COPSA.

La primera es la implementación de un sistema de “ventanilla única” para usuarios de autopistas, que permita a quienes han sido víctimas de clonación de vehículos requerir el cese de cobros asociados al vehículo clonado a través de un canal unificado. Este trámite enviará además una alerta al Ministerio Público, para efectos de aportar información estratégica a la investigación y persecución penal.

La segunda es la creación de un protocolo de atención a víctimas de robo violento de vehículos en autopistas urbanas, donde el Programa de Apoyo a Víctimas de la SPD apoyará esta labor con su servicio de primera respuesta y posterior derivación a los Centros de Apoyo a Víctimas. Además, entre las acciones a implementar se encuentra el proyectar en regiones el trabajo coordinado que los integrantes de esta fuerza de tarea han realizado en la Región Metropolitana. En esta línea, se fortalecerán acciones como los operativos de fiscalización y la coordinación con las fiscalías regionales, entre otros.

“Son algunas de las medidas que nos parecen importantes mencionar. También adelantar que en los próximos días daremos a conocer una campaña muy importante que va enfocada a quienes compran vehículos usados, porque también creemos que hay mucho que hacer en prevención del delito, en prevenir la clonación de vehículos y que se comercialicen vehículos de dudosa procedencia, sino que en muchos casos producto del robo y de organizaciones que están dedicadas a la cadena completa de robo violento de vehículos”, explicó el subsecretario Vergara.

A esto se suma que la mesa acordó impulsar modificaciones legales y otras normas destinadas a prevenir el robo violento de vehículos y mejorar la persecución penal. Para ello, se trabajará en cuatro temas específicos: incorporar sistemas de marcaje en vidrios y espejos, medidas para desincentivar la receptación de vehículos robados, cancelación de placas patente de vehículos declarados como pérdida total, y la reestructuración de las sanciones relacionadas a la mala utilización de placas patente.

En esta línea, se priorizará la tramitación de la modificación a la Ley de Tránsito en el Congreso para prevenir la venta de vehículos motorizados robado estableciendo una serie de sanciones. Entre ellas, aumenta los requisitos de factura electrónica primera inscripción de un vehículo, obliga a grabar la patente en los vidrios de los vehículos; sanciona a quien compre o inscriba un vehículo sabiendo que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado; y aumenta la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo, entre otros.

Junto con enumerar los logros acordados en la reunión y las medidas legislativas a implementar, el subsecretario Vergara subrayó los avances de la fuerza de tarea, que inició su trabajo durante el primer semestre del año pasado. Por ejemplo, el fortalecimiento del Plan Antiencerronas que ha permitido detener a más de 1.600 personas y recuperar 281 vehículos, la promulgación de la Ley Patente Cero que prohíbe circular sin el elemento identificador, la inversión de $1.400 millones de Copsa en seguridad en autopistas que ya lleva un 79% de avance, el sistema de enrolamiento de vendedores de vehículos para evitar la inscripción fraudulenta o “blanqueo” y la labor fiscalizadora de las plantas de revisión técnica para la alertas de casos sospechosos.

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