Este viernes la Fundación Comprometidos emitió un comunicado respondiendo a las criticas surgidas tras conocerse un millonario contrato con una cartera del Gobierno.
La polémica surgió tras conocerse que la organización paso de realizar películas y administrar un servicio de veterinaria, a entregar agua potable a familias de un campamento de Copiapó, esto tras firmar un contrato por $128 millones con el Ministeiro de Vivienda y Urbanismo.
En concreto la Fundación Comprometidos recibió la millonaria suma para entregar agua potable en camiones aljibe a cuatro campamentos en Copiapó. Sin embargo, aquel monto subió a $190 millones en mayo.
Fue en diciembre de 2022 que la organización se adjudicó un convenio de colaboración con la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama para colaborar en el Plan de “Piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”.
En aquel entonces la Fundación registraba ““actividades en producción de películas cinematográficas y actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.
Respecto de lo anterior, la Fundación emitió un comunicado afirmando que “tenemos diferentes áreas de trabajo, no solo el área de bienestar animal correspondiente. Junto con lo anterior es justo señalar que contamos con la creación de un estudio jurídico solidario para beneficio de la comunidad, un centro de estudios de proyectos que promueven el desarrollo regional, con un canal digital de interacción comunitaria, además de realizar diversas actividades de apoyo a barrios y poblaciones mediante juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones comunitarias”.
En ese sentido, la Fundación asegura que desde su creación en 2016 se han desarrollado varios proyectos propios, los cuales “hasta hoy están vigentes, de manera autónoma y en colaboraciones con otros organismos, con más de 80 mil beneficiarios directos en todas nuestras áreas”.
“Nosotros, al igual que otras fundaciones que colaboran con el MINVU (…) pasan por una auditoria mes a mes, siendo requisito su aprobación para continuar con la siguiente rendición”, aseguran.
Por otro lado, al referirse al referirse al Proyecto Piloto de Gobernanza, aseguran tener un cumplimiento del 92% en las familias de los campamentos en la región.
En ese contexto, asguran que “da cuenta de un real trabajo en el territorio y una participación activa de la comunidad, otorgando continuidad a un programa que durante años fue coordinado directamente por la Seremi Minvu de Atacama”.
- “Nuestra Fundación no tiene injerencia alguna sobre el cobro que se realiza por la entrega del agua pota-ble. El valor cobrado a las familias, es parte de las condiciones contractuales establecidas por el Seremi Vivienda y Urbanismo de Atacama para el desarrollo de este proyecto”, afirma la fundación.
- “Nuestra organización es solo la encargada de recaudar los cobros, para pagarlos directamente a la empresa de distribución de agua potable, con el fin de aportar a la organización de las y los vecinos de cada sector, quién es la receptora final y total de estos montos, junto con la planilla detallada de los usuarios. Entendemos que la decisión de cobrar por la distribución del agua, responde a una estrategia para desarrollar habilitación social en campamentos, pues esto contribuye significativamente a otorgar corresponsabilidad en el acceso y cobertura del suministro del recurso hídrico a las familias”, remarcan.
- “Todas y cada una de estas transferencias de dineros entre las familias y la empresa distribuidora de agua potable, es completamente auditable, ya que, existen comprobantes y facturas que acreditan detalladamente esta situación y el cumplimiento irrestricto a la ley, donde nuestra organización no tiene ningún beneficio monetario”, destacan.
- “Por otro lado nuestra fundación como organización sin fines de lucro no tiene, ni ha tenido ningún vínculo de funcionamiento, administrativo o financiero con ningún partido o movimiento político, ni con ninguna personalidad política o autoridad pública, cualquiera sea su cargo. Descartamos categóricamente que quién preside nuestra fundación, sea partidario, adherente o simpatizante de alguno de los partidos políticos oficialistas o de gobierno”, cierran.