Usurpaciones
Agencia Uno.
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Este miércoles, el Congreso despachó a ley el proyecto de usurpaciones, el cual regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y fija nuevas penas. Sin embargo, desde el Ejecutivo anunciaron un veto presidencial por la figura de “legítima defensa privilegiada”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la votación en la Cámara Alta, dijo que “el proyecto de ley de usurpaciones es necesario y que en su corazón tiene un amplio acuerdo”.

“Busca generar mayor capacidad a la legislación para que las personas que son víctimas de la usurpación, tengan herramientas más efectivas para poder proteger sus derechos”, agregó.

Junto a esto, apuntó a los acuerdos entre todos los sectores que existieron en el debate de la iniciativa, como que “las usurpaciones tiene que tener una pena más alta, de manera que quien comete este delito pueda ser detenido, hoy día no es así”.

Además, indicó que hay acuerdos “en establecer la usurpación como un delito permanente”, es decir, “en cualquier momento el afectado puede solicitar que actúe la fuerza pública, los Carabineros”. Como también que esto “no incluya a las personas que viven en campamentos en una situación social vulnerable”.

“A pesar de eso, hemos visto esta discordia dramática en la Cámara de Diputados y del Senado, porque este proyecto se ha ocupado para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyos de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada, de manera explícita, eso es lo que dice la ley”, explicó Tohá.

Bajo esa línea, que como Gobierno dijeron que se “va a vetar este aspecto de la ley”. El Ejecutivo “no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que este sea un delito permanente, no va a vetar que se excluya los campamentos”, aseveró.

Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por manos propias, con bandas armadas y de manera definida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos, porque para eso está el Derecho, las policías, los tribunales”, precisó.

Y agregó que “esto no es solo una decisión política o legislativa, es una obligación moral que tenemos como Gobierno, una obligación ética que tenemos como Gobierno; no permitir que el país retroceda en algo tan básico”.

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