Este jueves se realizó la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, acusado de tener responsabilidad política por el denominado Caso Convenios.
En ese sentido, durante el planteamiento de la cuestión previa, la defensa entregó sus argumentos para desestimar la acusación, votándose posteriormente en la Cámara de Diputados.
En detalle, la cuestión previa fue aprobada por 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención.
El ministro llegó cerca de las 10:00 de la mañana al Congreso Nacional en Valparaíso para enfrentar la acusación constitucional, descartando de partida una eventual renuncia al cargo.
“Confío en la democracia, los argumentos del abogado han sido muy sólidos”, sostuvo el ministro.
Durante la instancia, el abogado defensor de Montes, Pablo Ruiz-Tagle, acusó que la acusación en cuestión cuenta con una serie desprolijidades, argumentando que “hay citas de norma que no existen, normas legales que no existen. Hay también normas que han sido inventadas”.
“Tiene muchos problemas formales. La verdad que fue muy difícil preparar la defensa, precisamente por esos errores de desprolijidad de la acusación”, añadió.
En la acusación se le acusaba al ministro de Vivienda de “no ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”.
De la misma manera, se afirma que la autoridad no cumplió “con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las seremis en el contexto de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios durante los años 2022 y 2023″.
El texto además señala que existe “responsabilidad política” de Montes “por no haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución”.