El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reafirmó este viernes que la otorgación de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales “no debió haber ocurrido”.
“El procedimiento que fijó la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social, tuvo primero una base legal, que es la ley que permite la entrega de pensiones de gracia como facultad exclusiva del Presidente de la República, tuvo una segunda base legal que fue la glosa 12″, partió explicando desde La Moneda.
“Y tuvo una base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta, que es la número 16, del 4 de enero del año 2022, que estableció los antecedentes que debieron solicitarse”, continuó diciendo.
“Esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales. Creo que esa resolución que fue dictada por el exsubsecretario Galli no tuvo ninguna mala fe, porque, la verdad, es que nunca en la historia del país se habían pedido antecedentes penales para entregar pensiones de gracia“, señaló.
Esto produjo “de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente Piñera, 21 personas a las cuales se les entrega pensiones de gracia tengan antecedentes penales. Y eso es lo que hace que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del Presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales. Eso, evidentemente, a la vista de los hechos parece completamente razonable de corregir. No debió haber ocurrido“.
“Por eso, como me comprometí con la comisión investigadora, a la que concurrí el 13 de septiembre, y como también me comprometí con la Contraloría, fue reparado con fecha 22 de diciembre. El 22 de diciembre firmé una resolución que modifica el procedimiento de entrega de pensiones de gracia, estableciendo por primera vez en Chile que para la entrega de pensiones de gracia siempre deben pedirse los antecedentes penales, para que el país nunca tenga que vivir una situación de esta naturaleza“, dijo Monsalve.