pensiones de gracia
Agencia Uno.
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que 25 de las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno a víctimas del estallido social quedarán sin efecto. Esto, tras la polémica surgida a raíz de que algunos beneficiarios habrían tenido antecedentes penales previos.

La secretaria fue la última invitada a Mesa Central de Canal 13, en donde habló sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a personas con antecedentes, entre los que se incluyen almacenamiento de prnografía infantil, homicidio y drogas, entre otros delitos.

Para la ministra, el hecho se trata de una “situación indignante” y enfatizó que el proceso en su totalidad “fue mal concebido”. Las pensiones de gracia “se formularon para entregar una reparación a las personas que sufrieron graves daños durante el estallido y que esto termine en la discusión que estamos hoy día es porque ese proceso tuvo falencias”, precisó.

En la misma línea, informó que serán 25 las pensiones que quedarán sin efecto y otros casos serán revisados.

Respecto a una posible indagatoria judicial en el caso, la titular del Interior señaló como positivo “que se haga una investigación penal que despeje toda duda. No veo a primera vista que haya delito, pero claramente esto tuvo falencia y está bien que se revise desde el punto de vista penal”.

Pensiones de gracia

Tohá, además, desmintió que la mayoría de los beneficiarios de las pensiones de gracia hayan tenido antecedentes previos.

“Las personas que tienen antecedentes penales, del conjunto de las pensiones de gracia, son 69. Son 418 pensiones de gracia en total. No es verdad que todos o la mayoría tienen antecedentes penales. La enorma mayoría no tiene ningún antecedente”, explicó.

En tanto, detalló que quienes hayan sufrido pérdida de globo ocular continuarán con sus pensiones, sin importar si cuenten con antecedentes.

“Cuando hay pérdida de globo ocular se va a mantener la pensión. No es un premio al mérito, no tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano, tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida”, expuso.

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