La Corte de Apelaciones de Santiago instruyó realizar un sumario administrativo contra el juez Daniel Urrutia.
Según consignó T13, será un fiscal judicial quien investigue el caso de los beneficios de las videollamadas a cuatro reos peligrosos, otorgadas por Urrutia, y que fueron calificadas como ilegales por el tribunal de alzada.
“El pleno dispuso la instrucción de un sumario administrativo para indagar la situación que se produjo y para esclarecer algunos hechos que requieren mayor precisión”, afirmó Omar Astudillo, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago.
De este modo se establece que, “la medida cautelar de prisión preventiva fue decretada por distintos tribunales de garantía del país —ninguno de ellos el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago—, de lo que necesariamente se sigue que el juez de dicho tribunal a cargo de la visita semanal de cárcel, carecía por completo de facultades para conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas por los internos“.
A ello, se indica que “las autorizaciones concedidas por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, además de contener los vicios ya evidenciados, lo fueron en absoluta contrariedad con las normas administrativas que regulan la seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios, apartándose con ello del principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, conforme al cual los Órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, además de prescribir que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes“.