La justicia ordenó la disolución de la fundación Democracia Viva, a casi un año de estallar el caso Convenios. La situación se da luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una demanda, la cual fue acogida por el 17º Juzgado Civil de Santiago.
Según consignó el Poder Judicial, la resolución de la jueza María Isabel Reyes se argumenta en un incumplimiento de los estatutos. “La fundación demandada ha incurrido en una infracción grave a los estatutos, incumplimiento que conforme lo establece el inciso final del artículo 557 del Código Civil, habilita al Consejo de Defensa del Estado a solicitar la cancelación y disolución de la personalidad jurídica“.
¿Qué implica la disolución de la fundación?
De esta manera, la fundación Democracia Viva, cuyo representante era Daniel Andrade (exRD) no solo se disolverá, sino que también está obligada a pagar los costos del proceso al CDE.
El fallo del Juzgado Civil sostiene que la fundación “se mantuvo en rebeldía” por no aportar pruebas. Precisamente ello sirvió para acreditar los incumplimientos estatutarios planteados por el Ministerio de Justicia.
Por lo mismo, la repartición estatal comandada por el ministro Luis Cordero solicitó al CDE pedir su disolución. La cartera pidió el mismo proceso para las fundaciones: Kimün, Corporación Patrimonial Historias Nuestras, Fundación Local, Fundación En Ti, Espacio Coigüe y Fundelin; todas ellas indagadas en marco del caso convenios.
Irregularidades de Democracia Viva
Dentro de las irregularidades detectadas en la fundación Democracia Viva, se establecen problemas con el funcionamiento del directorio. La ONG no aplicó procedimiento de reemplazo de miembros del directorio. También se determinó que las sesiones se realizaban con menos integrantes que los requeridos. Por otro lado, las actas no contaban con todas las firmas e, incluso, a veces no se sesionaba.
Punto aparte es que casi todo el aporte social de 300.000 fue utilizado para construir la fundación, pero no para su objetivo social.
Democracia Viva: Caso convenios
Junto a todo lo anterior, se ratificaron los cuestionados convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Estos tratos, “en nada dicen relación con su objeto social“. Ante la importante suma de dineros que obtuvo Democracia Viva por medio de estos convenios, se concluye que “no se ha destinado su patrimonio para el cumplimiento de su objeto social”.
“No existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, atendido lo vago e indeterminado del fin”, destaca la resolución.
En tanto, desde el punto de vista del patrimonio, no fue acreditado de forma adecuada, mientras su aporte social es “exageradamente exiguo para el abultado objeto de la entidad”.