La propuesta ahora debe ratificada por el Senado, último trámite antes que sea despachada del Congreso.
Con 70 votos a favor, 45 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de la Comisión Mixta que repuso el texto relativo al procedimiento que debe seguirse en el caso de las menores de 14 años de edad que apelen a la causal de violación para la interrupción del embarazo en el marco del proyecto de despenalización del aborto en tres causales.
La norma establece que, en ese caso, la decisión debía ser adoptada con autorización de su representante legal o, de no estar o denegar el permiso, a través del tribunal, pero con los antecedentes entregados por el médico.
El proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales podrá aplicarse en caso de peligro de la vida de la madre; por inviabilidad del feto y por violación.
El texto legal dispone que, mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un médico cirujano ante las tres situaciones señaladas:
En primer lugar, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. La segunda causal ocurre cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal.
En tercer término, se despenaliza el aborto cuando sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación.
En todas las causales, la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Además, el texto detalla el procedimiento en caso que la mujer por razones de salud no pueda expresar su consentimiento; en el caso de personas con discapacidad sensorial, ya sea visual o auditiva, y para las personas con discapacidad mental psíquica o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictas y que no puedan darse a entender por escrito.
Si la mujer ha sido judicialmente declarada interdicta por causa de demencia, se deberá obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla.