Cerca de 2.000 agricultores de las comunas de Melipilla, María Pinto, Curacaví, Padre Hurtado, Paine, Buin, Pirque y alrededores llegaron hasta el gimnasio municipal de Melipilla para informarse sobre las repercusiones de la reforma al Código de Aguas, que se discute actualmente en el Senado.
A la cita, organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) junto a los 27 canales de regadío y las Juntas de Vigilancia de la Región Metropolitana, también asistieron dirigentes gremiales; algunos parlamentarios y varios alcaldes de Región Metropolitana.
En su discurso, el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, junto con relevar el rol que han cumplido por centenas de años los privados en la conducción de las aguas, les explicó a los asistentes lo que está en juego si el proyecto es aprobado. “Todos estamos conscientes de que nuestra Ley de Aguas necesita mejoras y actualizaciones, pero eso no implica pasar una retroexcavadora y poner en riesgo las futuras inversiones y, el consecuente, desarrollo agrícola. Si esta reforma al Código de Aguas se aprueba tal cual está, perderemos la capacidad de disponer del agua, vulnerando nuestra propiedad productiva”, dijo.
El presidente de la Confederación de Canalistas de Chile (CONCA), Fernando Peralta, fue uno de los expositores de la instancia, en la que planteó su preocupación por la pérdida de los derechos de aprovechamiento de aguas. “Modificar la naturaleza jurídica de dichos derechos precariza el patrimonio más importante de los agricultores. Que estos derechos pasen de perpetuos a simples concesiones de uso y goce temporal contraviene, incluso, lo que hoy garantiza nuestra Constitución, que establece que los derechos de los particulares sobre el aprovechamiento de las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, explicó.
El abogado y consejero de la SNA, Diego Castro, recordó que “el 94% de los derechos de agua concedidos se encuentran en uso” y aclaró que “del 6% restante, el 96% corresponde a derechos no consuntivos”.
Respecto de la necesidad de modificar el actual Código de Aguas, señaló que “es importante asumir el cambio climático y perfeccionar la normativa, adaptándola a la realidad de hoy”. “Necesitamos una reforma que sea útil en los próximos 100 años y no pensando en los 50 que ya pasaron”, dijo haciendo un llamado a que, además, se mejore la legislación relativa a las aguas subterráneas; se legisle sobre la gestión integrada de recursos hídricos, gestión de cuencas y recarga de acuíferos.
Asimismo, entregó recomendaciones a los agricultores respecto de la regularización de sus derechos de aprovechamiento de aguas.
En tanto, el presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región, Patricio Crespo, planteó en qué aspectos del proyecto se puede avanzar para mejorar la norma, como priorizar el uso de agua para el consumo humano y encarecer las patentes por no uso del recurso. Sin embargo, recalcó que la iniciativa aún está muy alejada de la realidad del sector.
“El proyecto que se discute hoy en el Senado incorpora atribuciones a la DGA que podrían ser excesivas, no distingue el tamaño de los usuarios de agua y, lo más grave, atenta contra los derechos de agua, principal patrimonio de los agricultores”, dijo.
Crespo profundizó en una serie de propuestas que, espera, puedan ser atendidas por los legisladores, las cuales apuntan a modernizar la institucionalidad pública, profesionalizando y congregando a los 40 órganos públicos con tuición en materias hídricas; desarrollar infraestructura pública que permita fortalecer los programas de concesión de embalses, además de avanzar hacia el desarrollo de carreteras hídricas; y modernizar las organizaciones de usuarios de aguas.