El pasado lunes el presidente Sebastián Piñera reunió a un equipo de parlamentarios, ministros y miembros de la sociedad civil en la “mesa de la infancia”, con el objetivo de trabajar por uno de los acuerdos nacionales más relevantes y urgentes del último tiempo: los niños.
Sin embargo, debido a la composición del equipo de trabajo convocado, la ocasión no estuvo libre de controversias. Parte de la oposición argumentó que se trataría de una estrategia del gobierno orientada a dividirla. Así, el sentido de la reunión pasó a segundo plano y el hashtag #LosNiñosPrimero fue, finalmente, absorbido por la polémica.
La situación del SENAME y la deteriorada vida que llevan los niños que residen en sus centros lleva ya más de un año en la agenda pública y, sin embargo, seguimos en deuda con los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Al final, son muchas las señales que nos transmiten la triste realidad de que los niños y la familia se han transformado en un costo –indeseable– para la sociedad. Prueba de esto es la considerable baja en la tasa de natalidad a 1,79 hijos por mujer (INE, 2017), la que cada vez se ve más lejana de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer).
En la misma línea, un estudio realizado por la Fundación Jaime Guzmán y publicado en el libro “La Juventud Extraviada” (2017), señala que los jóvenes entre 15 y 24 años afirman que tener hijos es la última opción en sus proyecciones futuras, luego de terminar sus estudios, tener estabilidad económica o viajar, desplazando la posibilidad de formar familia hacia un futuro mucho más lejano.
La familia se ha debilitado como un bien social y se ha desplazado el rol fundamental que esta tiene como primera instancia de formación y desarrollo de los niños hacia los colegios o los medios de comunicación. Un ejemplo de las oportunidades que se presentan para entender a la familia como sujeto político es la importancia de promover la corresponsabilidad parental y cómo esto puede facilitar a los padres el cuidado y protección de sus hijos, ya sea mejorando los horarios de trabajo, licencias para el cuidado de los hijos, en los planes de salud o el sistema de seguridad social.
En tal sentido, el Servicio Nacional de Menores no puede ser la solución, por el contrario, debiese ser el último recurso para el niño que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. En otras palabras, la crisis no está sólo en esa institución, sino también detrás de la situación familiar de los niños que deben acoger. Para ello, es necesario protegerlos en su lugar habitual, compuesto por la familia y el colegio, junto con trabajar para que exista un sistema de prevención temprana eficiente entre los distintos agentes que intervienen ante una realidad social extrema. Para esto se requiere fortalecer y capacitar a distintos actores. Un ejemplo de esto es el papel que pueden ocupar los establecimientos educacionales, para que puedan complementar a las familias en su rol como primeros educadores y hacer un trabajo de acompañamiento con los niños, evitando ser así un espacio más de violencia y abuso.
Algunas medidas, tales como el avance hacia una sala cuna universal y una educación parvularia universal, además de trabajar en la ley de adopción anunciada este lunes por el presidente Piñera, ya van en esa línea. Tales medidas, sin embargo, serán insuficientes si la sociedad y la clase política olvida a la familia como el actor principal y más cercano para proteger a los niños. Solo así podremos prevenir que el derecho a ser niño y la inocencia propia de esa edad sigan siendo arrebatadas a quienes llegan a centros del Sename y ese famosos hashtag pase a ser un recuerdo.
Anna Hanke
Directora de Formación de IdeaPaís