Valentina Vargas
Investigadora Fundación P!ensa
En los últimos meses hemos visto cómo la violencia ha tomado un rol protagónico en las escuelas. Los overoles blancos, la bencina y las bombas molotov inundaron los medios y, desde la política, se discute una propuesta de solución: Aula Segura. La iniciativa ha generado bastante controversia, siendo acusado de inconstitucional y de no remediar el problema de fondo. Aun así, el Gobierno anunció discusión inmediata al proyecto, acelerando el proceso en la Cámara.
Al respecto, es indiscutible la necesidad de abordar y detener este problema. Presenciar como jóvenes -presuntos estudiantes- amenazan con rociar bencina a parte del equipo docente de su colegio, es una escena que no debe volver a ocurrir.
Sin embargo, llama la atención que aun existiendo otros problemas sea específicamente éste el que se lleve toda la atención, y más aún a raíz de situaciones puntuales ocurridas en un lugar puntual. Aula Segura tuvo como precedente los hechos que ocurrieron en seis establecimientos de una sola comuna del país: Santiago. Por lo tanto, es sensato preguntarse cómo es que un asunto local haya provocado urgencia nacional.
Para ilustrar lo paradójico de lo anterior, consideremos la intoxicación que vivieron los alumnos de las escuelas de Quintero y Puchuncaví. Imaginemos que a raíz de lo ocurrido en estas comunas, el gobierno hubiese propuesto un proyecto de ley en que se viese afectado todo el país, algo así como “Aula Limpia”. Claro, sin duda esto contribuiría a apaciguar la problemática ambiental a nivel nacional, pero ¿no sería una descontextualización de las urgencias locales para la creación de políticas públicas?
Por otro lado, siguiendo en materia de educación, la inmediatez con la que se quiere resolver el proyecto de Aula Segura, nos entrega un mapa de cuáles son las prioridades del Ejecutivo. Nuevamente, combatir la violencia en los establecimientos educacionales es y debe ser prioridad, pero no por esto podemos obviar otras temáticas que necesitan la misma atención y urgencia.
Sin ir más lejos, hace pocos meses fuimos testigos de las malas condiciones en las que estudiantes y docentes debían realizar sus actividades este último invierno. El conocido caso del colegio “Iglú” nos mostró la realidad que vive la comunidad educativa en la comuna de San Pedro de La Paz, región del Biobío: asistir a clases en una sala que bordea los 0°C. Si bien este fue el caso más mediático, representa situaciones similares en distintas localidades del sur, ocurridos principalmente por una infraestructura deficiente. Ello se refleja en el aumento consistente a lo largo de todo el país de las denuncias llevadas a la Superintendencia de Educación en este ítem. En el año 2016 estas fueron un total de 16 casos, mientras que el 2017 se cerró con 673, y en lo que va de este año las denuncias aumentaron en un 51% en comparación al mismo período del 2017.
Las bajas temperaturas en las salas o la crisis ambiental en Quintero son ejemplos de problemáticas que necesitan soluciones tan urgentes e inmediatas como la violencia en las escuelas. No obstante, como país vemos estas situaciones como problemas locales y por ende se espera que a nivel local se resuelvan. ¿Por qué Aula Segura es diferente?
No es aceptable ningún tipo de violencia en nuestras escuelas, y por lo mismo es necesario el desarrollo de una legislación que se haga cargo de este problema. Así mismo, es indiscutible que está situación es preocupante en la comuna metropolitana. Sin embargo, es necesario recordar -de vez en cuando- que Santiago no es Chile, y que en el resto de las comunas de nuestro país urgen otras problemáticas y otras discusiones de política pública.