El senador José García Ruminot valoró el acuerdo logrado por el Gobierno y la oposición en torno al proyecto Aula Segura, que será revisado por la sala esta noche, resaltando que “son los acuerdos los que permiten que el país avance y progrese, que nos entendamos y seamos capaces de superar nuestras diferencias y ofrecer a la ciudadanía -y en este caso concreto a las comunidades educativas- un instrumento eficaz para luchar contra el flagelo de la violencia particularmente la extrema”.
El integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Alta afirmó que “ésta es una buena noche para Chile, porque podemos transmitir una noticia positiva en el sentido de que el Senado de la República se hace cargo de los graves hechos de violencia que afectan a comunidades educativas, no sólo en Santiago, donde operan los llamados overoles blancos, sino en muchas otras comunas del país, donde profesores, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos han sido agredidos”.
El senador García Ruminot sostuvo que “vamos a tener un instrumento eficaz que permitirá suspender, como medida cautelar, a los estudiantes que caen en ese tipo de violencia extrema e iniciar procesos que permitan la expulsión o la cancelación de sus matrículas”. No obstante aquello, dijo que “ojalá nunca haya que aplicar esas medidas, eso está lejos de nuestro ánimo, pero hay que darle a los directores esta facultad, de manera que si esos hechos ocurren, puedan actuar en consecuencia.”
Sobre la ampliación de las causales –que a partir de acuerdo incluye agresiones de tipo sexual y que afecten a Carabineros- el parlamentario RN opinó que “es una buena medida contenida en este acuerdo”. Al respecto, precisó que “el Ministerio Público siempre tiene la facultad de perseguir los delitos y muchas de estas acciones ya son constitutivas son delitos y tienen su propio camino, pero acá estamos hablando de que el estudiante que comete alguno de estos hechos no podrá continuar en el establecimiento y para eso se adopta la medida cautelar de suspensión inmediata mientras se investigan los hechos y se determina la sanción definitivo. Dicho período quedó fijado en 10 días, a los que se suman cinco días para apelar.