El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley humanitaria que busca permitir la sustitución de penas por la de arresto domiciliario total en tres casos específicos.
Los condenados que podrían optar a esta alternativa son las personas que hayan sido diagnosticadas con enfermedades terminales, quienes tengan problemas físicos graves e irrecuperables y sean dependientes, y aquellos condenados que tengan 75 años o más y que ya hayan cumplido, al menos, la mitad de la condena.
Para los condenados a cadena perpetua simple o calificada deberán cumplir 20 años y 40 años de privación de libertad efectiva, respectivamente, según consigna La Tercera.
El proyecto liderado por el ministro de Justicia indica que la “preocupación primordial de este gobierno es garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, cualquiera sea su edad, origen, sexo o condición, así como también avanzar hacia una sociedad más compasiva y humanitaria”.