Partidos de la oposición hicieron una conferencia de prensa en conjunto para dar cuenta del avance en la redacción de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, con respecto a su actuar en el paro de camioneros.
Según sostuvo el diputado Gabriel Silber, dijo que “hemos dispuesto el avance de esta acusación, que va a estudiar cada uno de los capítulos, como el de Curacautín, que por el mal manejo del ministro Pérez fueron catalizadores de que exista más violencia en La Araucanía y que gatilla en parte el paro de los camioneros”.
Asimismo dijo que “vamos a estudiar cuál es el trato privilegiado a este gremio, como el saber que esto ni siquiera tenía que ver con un tema de seguridad, sino a espalda de todos los chilenos, se está acordando un suerte de pago de parte del Estado al reemplazo de los camiones atacados”.
Más enfáticos fueron Jaime Naranjo (PS) y Raúl Soto (PPD), quienes indicaron que “esta acusación va”. Frente a una “alianza cómplice” entre el Ejecutivo y el gremio “el costo de esto lo va a pagar el ministro del Interior, porque por la conducta que ha tenido va a promover que otros gremios actúen de la misma manera que este grupo”, dijo Naranjo.
Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) afirmó que “el ministro del Interior tiene una tarjeta amarilla” y se están reuniendo los antecedentes. En ese sentido, dijo que “nunca una persona frente a esta situación ha tenido los privilegios que hoy día quieren pedir los camioneros, por tanto tienen los pantalones o aquí es un tongo. Y lo que ocurrió hoy día a partir de esta protesta es resolutamente un tongo político”.
Esta última idea fue compartida por la diputada Camila Vallejo (PC), quien recalcó que “esto fue un tongo con consecuencias graves para el país” y califico de negligente el actuar de Pérez.