Como “inaceptable” calificó la diputada Carolina Marzán que una vez más la presidenta del comité de Agua Potable Rural (APR) de San José de Cabildo, Verónica Vilches, haya recibido amenazas de muerte. Por este motivo, emplazó al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a que ponga urgencia al proyecto de ley que actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara, y que busca aumentar las penas por este tipo de delitos que sufren dirigentes sociales y vecinales en el cumplimiento de sus funciones.
Luego de ser informada de que Verónica Vilches nuevamente se encontró con un rayado en su contra en las oficinas del comité; situación que ya había sucedido en febrero de este año, la representante del Distrito 6 hizo un fuerte llamado al Gobierno. “Emplazo al Gobierno del Presidente Piñera a que ponga urgencia al proyecto de ley que actualmente se encuentra detenido desde el 17 de diciembre de 2020 en la Comisión de Constitución y que busca justamente sancionar agresiones y amenazas a dirigentes sociales y vecinales, para que estos delitos no queden impune”, declaró Marzán.
Cabe señalar que al proyecto -que fue aprobado en general por la Sala- se le introdujeron indicaciones para segundo informe y desde el 17 de diciembre de 2020 se encuentra detenido sin aprobación de las indicaciones presentadas.
La presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara también señaló que ofició a la gobernación para diseñar y ejecutar a la brevedad, en conjunto con las policías, un plan de seguridad y protección para dirigentes sociales y vecinales que hayan sufrido amenazas a su integridad o a la de sus familias, en el ejercicio de sus actividades.
“Me parece inaceptable que una vez más la dirigente Verónica Vilches de Cabildo en su lucha constante y valiente defensa por el derecho al agua, esté nuevamente siendo amenazada de muerte. Me parece cobarde que en las sombras estén operando algunos grupos y que todavía, a lo largo del tiempo no se sepa quiénes son. Nosotros oficiamos a la gobernación para que disponga una coordinación con las policías, destinadas a una mayor protección para los y las dirigentes sociales que son amenazadas de muerte y que no pueden caminar tranquilos”, concluyó.