Durante esta jornada, once diputados de la UDI le solicitaron al Papa Francisco que se pronuncie por el proyecto que busca darle indulto a los detenidos durante el denominado “estallido social”.
A través de una misiva, los parlamentarios indicaron que “en octubre de 2019, y producto de distintas de situaciones que venían acumulándose desde hace décadas en nuestro país, muchas de ellas asociadas a un sentimiento de abuso y desigualdad que compartimos en el diagnóstico, se produjeron en Chile masivas manifestaciones pacíficas que tenían como objetivo dar respuesta a una serie de legítimas demandas que hoy, pese a que un sector político quiera negarlo, están en proceso de ser corregidas por parte de las autoridades e instituciones a cargo de aquello”.
No obstante, aquellas manifestaciones “que se produjeron en nuestro país estuvieron marcadas -en su mayoría- por violentos disturbios ocasionados por grupos de delincuentes cuyo único fin era apropiarse del movimiento social para cometer una serie de delitos de suma gravedad, entre ellos incendios, robos, saqueos, atentados contra la autoridad pública o destrozos, por nombrar sólo algunos”.
“Pero además, se produjeron serios atentados incendiarios en contra de distintos templos religiosos, como la Iglesia San Francisco de Borja -recinto institucional de Carabineros-, la Parroquia La Vera Cruz y la Iglesia de La Asunción, todas ellas ubicadas en Santiago y que además han sido declaradas Monumentos Históricos”, complementaron los legisladores, entre ellos Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Cristián Labbé y Gustavo Sanhueza.
“La quema de iglesias y de parroquias emblemáticas en nuestro país no solo provocaron la destrucción de aquellos recintos religiosos, sino que significaron un acto de sacrilegio y profanación que atentó directamente contra la vida espiritual de los fieles, especialmente de los más vulnerables“, puntualizaron.
“Pero además, los atentados incendiarios provocaron un sentimiento de inseguridad mucho mayor en el país, debiendo ser incluso la propia ciudadanía la que tuviera que asumir el resguardo de sus lugares de residencia ante la insuficiencia de personal policial y militar para mantener el orden y la seguridad pública”, añadieron.
Según explicaron, “la violencia de dichos grupos -que lo único que buscaban era destrozar todo lo que tuvieran a su paso- también dejó como víctima a más de 15 mil micros, pequeñas y medianas empresas a lo largo del país, las que sufrieron graves consecuencias tras ser saqueadas, incendiadas y destrozadas durante varias jornadas de protestas, provocando el cierre de un número indeterminado de negocios y comercios de los cuales dependían muchas familias vulnerables y de clase media”.
En consecuencia, según indicaron, “mientras la mayoría de los chilenos inundaba las calles de nuestro país manifestándose de manera legítima y pacífica por una serie de situaciones que los afectaba, hordas de delincuentes intentaban echar por tierra décadas de avance en materia de infraestructura y desarrollo, afectando directamente a las familias chilenas e incluso extranjeras, que meses antes habían llegado a nuestro país en busca de una mayor estabilidad tanto social como económica, pero que les fue privada a partir de la violencia desatada”.
Por estos motivos es que los parlamentarios acudieron al Papa, recordando “la última visita que realizó a nuestro país en 2018, en específico a la Región de La Araucanía, donde al referirse al conflicto mapuche señaló que ‘es imprescindible defender que una cultura de reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas'”.
“Tal como usted lo señaló en ambas oportunidades, nuestro país -y ningún otro- debiese tolerar y aceptar la violencia como método de acción política y, por consiguiente, quienes actúen de esa manera deben necesariamente ser juzgados a la luz de un proceso racional y justo, por los hechos que han cometido”, precisaron en la carta los diputados.
“En ese sentido, sabemos que las situaciones de desigualdad deben ser corregidas y que las protestas sociales pacíficas son una legítima muestra de descontento social ante las autoridades. Pero lo que resulta inaceptable es que, bajo el pretexto de la manifestación, quienes claman por una vida de dignidad y derechos, sean capaces de afectar justamente los derechos de terceras personas, como lo es el derecho al trabajo, a la libertad de culto, a la conservación de templos y lugares religiosos, entre otros”, finalizaron.