Como autores de uno de los proyectos que fueron fusionados y que buscan sancionar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, los senadores de la Bancada de RN, Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot, solicitaron que la iniciativa pronto sea puesta en tabla en Sala, para poder votar y aprobar en general el proyecto refundido.
Al respecto, ambos parlamentarios indicaron que, ante un delito que cada vez es más frecuente en Chile, se vuelve urgente actualizar nuestra legislación, ya que hoy en día éste sólo es sancionado con multas.
“Al tener una penalidad tan baja, pues solo se contemplan multas que oscilan entre las 6 y 10 UTM, para la usurpación no violenta y multas de 11 a 20 UTM (entre $550 mil y un millón de pesos), para la usurpación violenta, no se desincentiva la ejecución del delito”, sostuvo la senadora Aravena.
Asimismo, la parlamentaria indicó que “si bien, esta iniciativa legal contempla diversos escenarios para este delito a nivel nacional, como por ejemplo la situación de loteos brujos en la zona central del país, no podemos dejar de mencionar el aumento que ha tenido la usurpación en la Macrozona Sur, donde solo durante los tres primeros meses del año hubo un aumento de un 688%”.
Por su parte, el senador Ruminot explicó que la iniciativa busca también otorgar justicia y dar celeridad a la recuperación de un predio o propiedad, ya que debido a que el delito de usurpación sólo contempla penas de multa, no se faculta la detención de los responsables.
“Al establecerse penas privativas de libertad para éste delito, se podrán ordenar medidas cautelares, de modo que las policías estarán facultadas para llevar a cabo la detención de quienes sean imputados por usurpación. Esto ayuda a apaciguar la impotencia que sienten las víctimas, ya que en la mayoría de los casos deben seguir un largo proceso judicial para recuperar su propiedad”, puntualizó.
Cabe recordar que el 24 de agosto recién pasado, la Comisión de Seguridad Pública del Senado, aprobó en general, por tres votos a favor, uno en contra y una abstención, el proyecto de ley que endurece las sanciones al delito de usurpación.