Favorecido por un acuerdo previo con la mayoría de las asociaciones de funcionarios, la Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que reajusta las remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios adicionales.
El texto tiene como base el Protocolo de Acuerdo firmado el 2 de diciembre pasado, al que concurrieron el Gobierno, la CUT y 14 organizaciones gremiales del sector público. Sus lineamientos apuntaron a concordar los componentes económicos; una agenda de trabajo 2021-2022 (considera trece mesas de trabajo); y el compromiso de realizar cuatro estudios durante 2022.
Según lo comunicado en el informe de la Comisión de Hacienda, rendido por el diputado Leopoldo Pérez (RN), los beneficios alcanzarán a cerca de 800 mil funcionarios activos y 2,5 millones de personas del sector pasivo.
En concreto, la propuesta presenta un reajuste general para los trabajadores del sector público de 6,1% a contar del 1 de diciembre de 2021. Esto afecta a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás atribuciones en dinero (imponibles para salud y pensiones) o no imponibles.
También reciben este beneficio los directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación de establecimientos VTF. Igualmente, aquellos regidos por la Ley 21.109, es decir, los regidos por el estatuto de los asistentes de la educación.
La iniciativa incluye los respectivos aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias; el bono de escolaridad y la bonificación adicional asociada a este. El tope de remuneración bruta para ser partícipe de estos beneficios será de $2.790.225, esto excluyendo las asignaciones asociadas a desempeño individual, colectivo o institucional.
También se considera el aporte al servicio de bienestar; la bonificación de nivelación; y el bono de invierno para pensionados ($70.336). Adicionalmente, contempla los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para pensionados.
En la discusión, se valoró ampliamente que el proyecto llegara a trámite con el acuerdo de la CUT y 14 de los 16 gremios participantes. Asimismo, se reconoció el esfuerzo en algunas de las materias de la propuesta, como la entrega de un bono de término de conflicto de 190 mil pesos, para los tramos de menores recursos, y de 90 mil para los restantes.
Sin embargo, también hubo coincidencia en algunas críticas. En este ámbito estuvo la poca claridad de los recursos para las funcionarias de los jardines VTF y asistentes de la educación. De igual modo, se refutó que no se incluyera, nuevamente, un Bono Covid, para los funcionarios del área de la Salud, como ocurrió el año pasado.
Al momento de las votaciones, la idea de legislar se aprobó en dos tramos: las normas generales, en forma unánime; y las de quórum calificado, por 120 votos a favor y una abstención.
En votaciones se paradas, se ratificaron dos de las tres normas cuestionadas y solo se rechazó una relativa a la eliminación de una disposición referente a subvenciones a establecimientos educacionales.