Desde este lunes Carabineros confirmó que se la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, contará con una escolta permanente encargada a dos funcionarias de la institución, las que estarán encargadas de su protección todos los días, a lo largo de cada jornada.
El anuncio llega luego de que el jueves pasado, Loncón reconociera estar recibiendo amenazas en su contra: “Ya hemos denunciado y se investiga en fiscalía las injurias y violencias recibidas. Ninguna amenaza impedirá el mandato de los pueblos para escribir una Nueva Constitución paritaria, plurinacional, e intercultural”, señaló en aquella oportunidad.
Posteriormente, el sábado 17, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “La mesa de la convención nos ha oficiado, al gobierno, para poder darle una protección especial. Eso lo estamos analizando durante esta jornada. Hay que levantar un perfil de riesgo, como cualquier autoridad. En caso de ser necesario, por su puesto que lo vamos a otorgar”.
Fue de esta forma como Carabineros realizó un estudio que determinó que sería necesaria la disposición de dos funcionarias del departamento de Protección de Personas Importantes (PPI).
La escolta de seguridad de de Loncón estará formada por dos funcionarias mujeres. Una con el grado de sargento primero, y otra con el de sargento segundo. Según Carabineros, por motivos de seguridad, estaría prohibido entregar el nombre de cualquiera de estas.
Una de las encargadas de la protección de la presidenta de la CC, es de ascendencia mapuche, y contaría con una importante experiencia este tipo de labores. Entre 2014 y 2018 formó parte de la Oficina de Operaciones de La Moneda, donde trabajó en el equipo policial que monitoreaba la seguridad de la entonces presidenta, Michelle Bachelet.
Desde Carabineros además se detalló que la labor de estas funcionarias será de recoger a Loncón temprano por la mañana, acompañándola hasta el ex Congreso, estando presentes en sus traslados, y finalmente escoltarla de vuelta a su casa.
Mientras esto ocurre, todo estará monitoreado por un equipo de seguridad de la PPI.
Por otro lado, el Ministerio Público y la Brigada de Cibercrimen de la PDI, están realizando una investigación para determinar de donde surgieron las amenazas que derivaron en la implementación de esta escolta.
En ese sentido, se han tomado una serie de declaraciones y se han revisado las direcciones IP de donde ocurrieron estos hostigamientos, según La Tercera.
En la misma línea, el Presidente Sebastián Piñera, anunció el envío de un proyecto de ley que buscaría castigar con una mayor seriedad a los que sean condenados por estos delitos.
En ese contexto, el mandatario expresó que “en los últimos días y semanas muchas autoridades han sido víctimas de amenazas que han afectado a miembros del TC, del Senado, de la Cámara, de la Fiscalía, incluso de la Convención Constitucional”.
“Es muy importante constatar que en Chile los tipos penales de amenaza y coacción no han sufrido cambios significativos desde 1874 cuando se promulgó el código penal y no se han adecuado a la realidad de los tiempos modernos. Y que, además, el delito de hostigamiento, no existe hoy en nuestra legislación”, agregó.