Un grupo de clientes, socios de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), demandó a la empresa Metrogas y a Agesa ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TLDC), debido a los graves y reiterados abusos cometidos en la distribución de gas natural.
Para Conadecus las conductas denunciadas configuran “un abuso de posición dominante y explotación abusiva de dicha posición, sancionado por la legislación de libre competencia”.
Para el Presidente de la Corporación Nacional, Hernán Calderón, “este fraude es muy grave, porque se refiere a un bien de consumo de primera necesidad, que afecta a cerca de 800.000 hogares y varias reparticiones públicas, con perjuicio al Fisco; y en tiempos en que la economía familiar se ha visto duramente golpeadas por los efectos del Covid-19″.
En tanto, para el abogado patrocinante de la demanda, Mauricio Tapia, aseveró que esta maniobra de la empresa de Metrogas y Agesa no fue legal.
“Lo que hicieron no fue legal como se dijo en el reportaje. Lo único que autorizó la ley en el artículo transitorio fue que los contratos de compraventa de gas entre empresas relacionadas que ya existieran con anterioridad a esa ley, no se sometieran a licitación internacional, pero ello en ningún caso los autorizó a firmar contratos para subir artificialmente los costos y desviar rentabilidad”, explicó.
“Si hay algo que caracterizó a esa ley fue precisamente buscar que las empresas pagaran costos de mercado por el gas que compran, incluyendo las compras a relacionados, y los costos artificiales como los que se inventaron Metrogas y Agesa a partir de ese contrato firmado entre ellas a mediados de 2016 son, por definición, todo lo opuesto a un costo de mercado. Metrogas y Agesa evidentemente violaron la ley, y el hecho que se hayan acogido al artículo 12° transitorio no los libera de ese fraude“, sostuvo el abogado.
La demanda pide se aplique a las demandadas una multa equivalente al 30% de las ventas ilícitas o bien el doble del beneficio económico obtenido con sus abusos, además de la disolución de Agesa, por tratarse de una sociedad instrumental cuyo único propósito de existencia ha sido hacer posible la maniobra defraudatoria de la ley, consistente en el aumento artificial de costos de Metrogas y el desvío de rentabilidad.