La entrevista al senador Jorge Pizarro efectuada por El Ovallino generó reacciones entre los agricultores que han analizado artículo por artículo la propuesta legislativa que modifica el Código de Aguas y que se encuentra en discusión en las comisiones del Senado.
Pelayo Alonso, Presidente de la Junta de Vigilancia de Río Elqui señala que le sorprende la seguridad del senador al emitir sus declaraciones. “Digo sorprende porque en la entrevista el senador manifiesta abiertamente que la nueva propuesta plantea al agua para consumo humano, como la primera prioridad, y luego plantea que la segunda prioridad sería el uso agrícola. Sin embargo al analizar en detalle la propuesta nos encontramos con una realidad muy distinta; el artículo 5 inciso 4° plantea claramente que es de interés público primero el consumo humano y saneamiento, luego en segundo lugar la preservación ecosistémica, luego la disponibilidad de las aguas, en seguida la sustentabilidad acuífera y luego y en general “las acciones destinadas a equilibrar eficiencia y seguridad en los usos productivos”, entre los cuales se encuentra la agricultura y los demás rubros como minería, industria, etc. Que distinto resulta lo que nos plantea nuestro senador”, indica Pelayo Alonso.
“Otra afirmación sorprendente es cuando asegura derechamente que los derechos de agua ya otorgados, primero siguen siendo indefinidos y segundo mantienen su condición actual sin alteración alguna. Sin embargo, la realidad con la que nos encontramos al estudiar el referido nuevo cuerpo legal propuesto, es muy distinta: se establecen conceptos que vulneran los actuales derechos, como por ejemplo la incorporación de los caudales ecológicos, los cuales derechamente significarán disminuir el actual derecho de agua del agricultor en la misma proporción que se determine dicho caudal, todo esto bajo la modalidad de la confiscación o usurpación por parte del Estado, ya que no contempla indemnización alguna para el agricultor afectado. En el fondo se le pasa la cuenta al agricultor para que se haga cargo de los pasivos ambientales de las cuencas. Además con el agravante que deja en manos de terceros la determinación, cuantía y aplicación de dicho caudales, sin establecer ninguna regla o norma clara, todo al arbitrio y criterio de un funcionario”, explica el Presidente de la Junta de Vigilancia de Elqui.
Su planteamiento es reafirmado por la Presidenta de Junta de Vigilancia de Río Illapel, Marcela Jeneral, quien dice que “la verdad es que nosotros hemos conversado en reiteradas oportunidades con el Senador Pizarro y me deja preocupada, ya que lo que más nos inquieta, precisamente, es que no queda claro que los derechos antiguos no se tocarán una vez que entre en vigencia la nueva Ley, dejando a una doble interpretación y eso es lo que queremos aclarar”.
Desde la Asociación de Canalistas de Embalse Recoleta destacan que “El Senador Pizarro en la reunión realizada en la CASEP señaló: “Que los derechos constituidos con anterioridad no sufrirán alteración alguna”, esas fueron sus palabras textuales, y esta reforma contiene múltiples artículos (más de 200) que de una u otra forma, ya sea para bien o para mal, modifican o alteran los derechos ya constituidos con anterioridad. Por ejemplo, la reforma señala que en tiempos de sequía “es la agrupación de usuarios la que determina su demarque de la Junta de Vigilancia, o de los turnos, en el caso de la asociación de canalistas”. Ahora, con estas modificaciones, en tiempos de sequía las agrupaciones de usuarios tendrán que informar a la DGA para que tome conocimiento y será esta la que resolverá sobre el tema, restándole la potestad que hasta ahora es propia de los regantes, afectando sus derechos. Entonces, ¿a quién le creemos?.”
Agua para las sanitarias
La Presidenta de la Junta de Vigilancia de Río Illapel enfatiza que “todos estamos de acuerdo que la prioridad es el consumo humano y sobre todo la regularización de los APR, que es lo mejor que tiene esta reforma. Las sanitarias lucran con el agua de los regantes y eso nos preocupa. Desde las sanitarias dicen que el proyecto es bueno, porque garantiza el consumo humano, pero los agricultores hemos demostrado que el consumo humano ya está garantizado a pesar de la compleja situación hídrica que ha afectado a nuestra región. Por ello es que nosotros afirmamos que utilizan nuestra agua para lucrar y no hacen las inversiones que se necesitan”.
Pelayo Alonso entrega más argumentos ante la preocupación por la entrega de agua a las sanitarias: “nos sorprende la defensa y justificación que se hace, a que ante necesidades imperiosas de las Empresas Sanitarias, nuevamente el Estado podrá confiscar sin ninguna indemnización o compensación al agricultor, todo o parte de sus derechos de agua para ser traspasados a dichos Servicios, quienes luego increíblemente podrán vender a la comunidad esta agua obtenida a título gratuito”. Ante esto el Presidente de la Junta de Vigilancia de Río Elqui plantea varias dudas: “¿A quién estamos asegurando su negocio y a quienes perjudicando con esta Reforma, si no se contempla una indemnización justa al traspasar el agua? ¿Por qué no se les exigen las inversiones requeridas a las Empresas Sanitarias, antes de que se sirvan de las de los agricultores? ¿Todavía mantenemos el discurso que los derechos existentes no serán afectados por esta Reforma? ¿Todavía mantenemos el discurso que a los agricultores los motivan razones ideológicas para manifestar que esta no es una buena reforma?”.
Rol de las organizaciones de usuarios de agua y regularización de derechos
La Presidenta de Junta de Vigilancia de Río Illapel, Marcela Jeneral explica otras inquietudes de los regantes ante la Reforma al Código de Aguas. ”Quisiera destacar el rol que han tenido las organizaciones de usuarios de aguas, como las Juntas de Vigilancia a lo largo de los años que han administrado el agua de una forma excelente y que no ha tenido costos para el Estado. Hoy con esta reforma se está fortaleciendo a la DGA y debilitando a las organizaciones de aguas, siendo que históricamente se ha trabajado de la mano con la DGA, sobre todo con las Juntas de Choapa, por lo cual no veo motivo para cambiar esto”.
“Además nos preocupa el plazo señalado en la reforma para regularizar derechos de agua ya que es difícil que se cumpla poniendo en riesgo a los pequeños agricultores. En nuestra Junta de Vigilancia los derechos están inscritos de forma individual. Sin embargo, el plazo que están dando es demasiado corto porque tenemos muchos problemas con las sucesiones y no podemos regularizarlos. Los derechos no se han inscrito en 20 años y es imposible que se haga en los plazos que otorgará la ley”, concluye Marcela Jeneral.
Fuente: SANAG