La secretaria regional ministerial de Agricultura, Etel Latorre Varas, planteó que el robo de ganado no da tregua, lo cual explica el descontento de los productores por el escaso éxito obtenido tras las denuncias.
A ello se suma el desconocimiento por parte de la población en cuanto a las consecuencias que tiene este delito, que desde su base reviste un importante daño económico al propietario, como también representa un serio riesgo para la salud de las personas que consumen carne no faenada en lugares establecidos, convirtiéndose de paso cómplices del delito de abigeato.
El último de los casos conocidos fue el robo y posterior faenamiento clandestino de animales que afectó el 22 de diciembre de 2016 al estanciero José Marín Antonín. Este hecho delictivo representó una pérdida superior a los $30 millones para esta sociedad ganadera. Los autores fueron detenidos, formalizados y condenados por los Tribunales.
Al respecto, Etel Latorre recalcó que en ésta, como en otras situaciones, hay un ‘círculo vicioso’ difícil de romper y donde parte importante de la responsabilidad está en la propia población. “El abigeato no se erradicará mientras haya reducidores y gente dispuesta a consumir carne sin la debida certificación sanitaria”, advirtió.
Agregó que, desgraciadamente, la carne es comercializada sin que haya certezas de parte de los compradores del origen y de si se trata de un alimento apto para el consumo humano. Eso sin mencionar los altos riesgos de contraer enfermedades. “El tema es que mucha gente vende este tipo de productos mal habidos puerta a puerta y claro, como las familias ven en ello una posibilidad de pagar menos, no miden las consecuencias, ya que priorizan el ahorro. Aquí es sumamente importante llamar a la ciudadanía a tener conciencia de lo que están haciendo”, complementó.
En Europa
En esta materia, la Seremi citó experiencias exitosas como la Europea, donde sus habitantes son cada vez más exigentes respecto de la trazabilidad animal. “Esto tuvo su raíz cuando fueron detectados los casos del mal de la ‘vaca loca’. Ello determinó que la población exigiera saber de dónde llegaba la carne que estaban consumiendo. Es decir, comenzaron a pedir que haya una ruta claramente definida, por lo cual los Estados disponen de recursos para que haya una trazabilidad absoluta.
En razón de eso, se establecen las respectivas políticas públicas y se destinan montos para dar solución a este tipo de problemas. Los animales allá tienen sus respectivas identificaciones electrónicas a través de chips y pasan por muchos controles desde que salen de los predios y llegan a los mataderos lográndose una existencia animal exacta. Obviamente hay un proceso de revisión exhaustivo hasta que esas carnes se entregan a los supermercados en bandejas”, señaló en relación a una de las pocas vías que a la luz de su análisis podrían dar respuesta a cómo enfrentar de raíz la hasta ahora imparable sustracción de animales.
Fuente: La Prensa Austral