La crisis de los remolacheros, bajos precios en otros cultivos anuales y malos resultados en frutas como la uva de mesa y manzanas durante las últimas temporadas han puesto al concepto como la clave para seguir en el rubro y avanzar en competitividad.
Luego de dedicarse por más de 30 años a la ganadería y las siembras de cultivos anuales en su campo cercano a Coihueco, en la Región de Ñuble, Carlos González comenzó en 2015 a apostar por la fruticultura, motivado por el interés de su hijo mayor, Nicolás, ingeniero comercial de 28 años, de dedicarse a la agricultura.
Si bien el comienzo no fue fácil, porque se sentía cómodo con la ganadería y los cultivos, de a poco comenzó a plantar avellanos europeos, llegando a sumar 50 hectáreas en tres años, a los que esta temporada añadirá 20 hectáreas de cerezos y que dentro de dos años pretende aumentar a 100 hectáreas en total, incorporando otra especie que aún no tiene definida, todo esto sin dejar de lado a los bovinos, el trigo ni la avena, de los que ha ido disminuyendo la superficie.
“Yo estaba cómodo con lo que hacía, pero la llegada de mi hijo al campo me hizo creer en la reconversión, en la innovación, en la necesidad de realizar cambios productivos y de generación, porque es la fórmula para que la agricultura siga siendo atractiva y rentable”, dice Carlos González, quien hasta hace algunos meses fue presidente de Fedecarne.
De acuerdo con su experiencia en estos cuatro años, cree que a los agricultores les falta atreverse y desarrollar proyectos a mediano y largo plazo, en la medida que el capital y financiamiento de cada uno lo permitan.
“Yo les diría a otros productores que están pensando plantar frutales que se atrevan, que partan de a poco, con dos o cinco hectáreas, y un plan a cinco años, a medida que les dé el bolsillo. No siempre tienen que pensar en 50 hectáreas ni dejar de lado la agricultura tradicional, pero sí es importante partir y diversificarse”, plantea.
No existen estadísticas oficiales que relacionen la ampliación de la superficie frutícola en Chile -especialmente en zonas como Ñuble, donde llega a 10.822 hectáreas- con la baja que exhiben especies como el trigo, el maíz o la remolacha en los datos anuales del INE, pero la decisión de Carlos González en Ñuble se repite entre otros productores de distintas regiones y, tras casos como el cierre de la planta de Iansa en Linares, “reconversión” ha sido uno de los conceptos más recurrentes.
Y, si bien el diagnóstico parece estar claro, las herramientas que manejan los productores para concretar los cambios que requieren, tanto de especies como de renovar variedades, son limitadas, sobre todo para los medianos, que quedan fuera de los beneficios a los que acceden los usuarios de Indap y no tienen las espaldas de los grandes agricultores para materializar inversiones millonarias y de largo plazo.
Iniciativas como la asociatividad, el desarrollo de cooperativas, la transferencia de conocimientos y tecnología, junto con la creación de nuevas formas de financiamiento adaptadas a los plazos del agro aparecen como temas pendientes, donde también está por definirse el rol que los mismos productores quieren darle a futuro al sector público y al privado en el fomento de la reconversión.
“Como ministro, cada vez que hablo de asociarnos, de poner estándares de calidad y condición para las frutas, me piden que por favor no me meta, porque es un tema entre privados. Entonces, en la reconversión, pongámonos de acuerdo si queremos que concurra el Estado, si crea incentivos o no, si queremos involucrarlo (…). Llegó la hora de que nos coordinemos. El sector privado tiene que definir qué rol quiere que tenga el Estado en la reconversión, en las exportaciones, en la imagen país. Tengamos esa discusión, porque no la hemos tenido”, plantea el ministro de Agricultura, Antonio Walker, como uno de los temas de fondo que están pendientes.
Asociatividad moderna
Con más de 35 años como productor, procesador y exportador de frutas, además de ser dirigente gremial del sector, no es novedad que el ministro Antonio Walker viene del campo y lo conoce al revés y al derecho. Por eso, su visión para el rubro, en la que quiere apostar fuerte por distintas fórmulas de asociatividad, está cruzada con su exitosa experiencia personal. Tanto, que ha fijado como lema “asociarse o morir”.
“Como agricultor, asociarme y entrar en un grupo de transferencia tecnológica (GTT) me cambiaron la vida. Empezamos a comprar los insumos más baratos, a traer a asesores extranjeros entre 14 empresas y a vender la fruta industrial juntos. Nos asociamos para hacer un packing , para exportar, para ponerles marca a las cajas… Y eso nos cambió la vida. Este negocio es tan competitivo que me gustaría que rompiéramos el individualismo que hemos tenido y enfrentemos la reconversión asociativamente”, dice entusiasmado.
La propuesta de Walker no solo considera a los llamados GTT como alternativa, sino que también las alianzas y encadenamientos productivos y lo que define como cooperativismo moderno, con el que buscará impulsar la formación de empresas tomando modelos como los de Colun o Capel en Chile, para lo cual su cartera está organizando un seminario para comienzos de octubre donde expondrá el miembro del partido conservador británico Jesse Norman, uno de los promotores de las nuevas cooperativas.
Además, afirma que están incorporando las asesorías de economistas como Ignacio Briones y Raphael Bergoeing -director de Codelco y miembro de la Comisión de Productividad, respectivamente- al Minagri, y asociándose con el Ministerio de Economía para analizar cómo apoyar las distintas fórmulas de asociatividad.
“Tenemos que definir otra estructura productiva y mi propuesta no es la cooperativa de la izquierda, de los años 60 o 70, sino que modernas, con fines de lucro, con la formación de empresas que tienen reglamentos para capitalizar la empresa y repartir las utilidades, y son un ejemplo en el mundo”, detalla.
Antonio Walker insiste en que el rol principal para asociarse seguirá en manos de los privados y que el Gobierno solo puede aportar con instrumentos para facilitar lo que ellos decidan hacer, aun cuando ya existen incentivos para la formación de cooperativas en el país.
“Yo creo que como Estado tenemos que crear incentivos para la asociatividad, pero el mayor de ellos debe venir del sector privado. Hoy ya existe un incentivo tremendo, porque las cooperativas no pagan impuestos… Pero no me quedaría en el impuesto, porque creo que a una asociatividad siempre le va a ir mucho mejor que a quien compite individualmente. Colun, por ejemplo, siempre va a ser mucho más exitosa, pagando impuestos o no”, asegura.
Cambios en el Banco Estado
Como productor y ex presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), Manuel Riesco ha sido testigo de los cambios que experimenta La Araucanía al incorporar nuevas especies frutales, como berries , avellanos y manzanas, pero cree que el impulso que requieren esa zona y el resto del sur debe ser más fuerte e ir de la mano de la banca.
“Todavía hay muchos que creen que esto es un subsidio, pero es algo que vamos a pagar… Como agricultores, lo que necesitamos para la reconversión son préstamos a largo plazo, a tasas internacionales. Yo no puedo hipotecar un fundo en Vilcún para pedirle plata a un banco en Alemania”, dice.
En ese sentido, lo que sugiere es que el Estado podría tener una oficina en la que se les entregue un certificado de hipoteca que les permita ir a solicitar financiamiento a otro país, ya que asegura que endeudarse en los bancos locales sería hasta tres veces más caro que hacerlo en Europa.
Por la misma línea va el presidente de Agrícola Central del Maule, Fernando Medina, quien asegura que el Banco Estado es uno de los más caros de la plaza y de los que menos sabe de agricultura, algo que debería cambiar en el corto plazo, ya que desde esa entidad aseguran que están creando una división agrícola que comenzaría a operar pronto.
“Banco Estado tiene el desafío de aumentar su especialización en el trabajo con agricultores de mayor tamaño, las medianas empresas. Para ello está conformando una Dirección Agrícola en su Gerencia de Riesgo, con un equipo orientado a apoyar técnicamente la evaluación de este tipo de clientes y ajustarse a sus necesidades”, indican.
Frente a las críticas de ser un banco caro, afirman que las tasas están en línea con una política de apoyo transversal a todos los sectores productivos -“siendo una opción conveniente en términos de tasas y condiciones de plazos para los clientes”, dicen-, y adelantan que están analizando nuevas opciones de financiamiento para el agro.
“Es así como recientemente mejoró el Crédito para Reconversión, el cual permite a la entidad financiera otorgar financiamiento hasta 15 años plazo, pero con un período de gracia de hasta cuatro años para el caso del avellano europeo”, detallan desde la entidad, y resaltan que actualmente atienden a 31 mil agricultores en Chile, de los cuales el 80% de los montos de colocaciones se concentra en productores con ingresos superiores a los de los usuarios de Indap.
Apoyo al recambio de variedades
El alto costo que tiene plantar una hectárea de frutales -que, según la especie, varía entre $5 millones y $25 millones, sin considerar el valor del suelo- es una de las limitantes para la reconversión y para quienes buscan modernizar variedades, como ocurre con la uva de mesa flame, que se ha quedado obsoleta.
Si bien la mayor parte de los agricultores dice que se financia con recursos propios y con créditos de la banca, según una encuesta realizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en el Encuentro Nacional del Agro de este año (ver infografía), en el grupo de quienes cambian variedades la realidad sería distinta. Ellos lo hacen utilizando herramientas de financiamiento menos tradicionales que, si bien no son masivas, se están volviendo frecuentes, como los préstamos que realizan algunas exportadoras a los productores que les entregan fruta, especialmente para plantaciones de variedades protegidas.
“He visto productores que necesitan hacer un recambio de variedades y les envían un anticipo para esto desde Estados Unidos, por ejemplo. Conozco experiencias, y normalmente están apoyadas por otras personas en Chile, para las variedades club. También lo he visto con exportadoras chilenas, no como algo masivo, pero dan financiamiento a productores con los que llevan trabajando hartos años para que hagan la reconversión de variedades que necesitan”, comenta Sebastián Norris, abogado de Araya y Cía.
En el caso de ese tipo de préstamos, explica que no solo se utilizan los campos como garantías de pago, sino que también las futuras producciones de fruta, lo que próximamente debería tener un nuevo incentivo, cuando comience a operar un sistema de registro de los contratos -que dependerá del Ministerio de Economía y debe funcionar como una plataforma web de acceso público- que asegurará que un productor, por ejemplo, no pueda vender esa fruta a dos empresas a la vez.
“Si una exportadora financia a un productor para hacer una reconversión y en virtud de eso el productor se obliga a entregar la producción de su fruta por un tiempo solo a esa exportadora, con este registro la garantía de que eso se va a cumplir va a ser mucho más fuerte”, asegura Sebastián Norris.
El abogado también resalta que las plantas son un activo potente como garantía para acceder al financiamiento, aunque actualmente es poco frecuente que los bancos lo acepten como tal.
“Los bancos deben tener gente que sepa reconocer el valor agrícola de esos activos, lo que significan para la producción y el valor que tienen, porque se podrían utilizar plantas que están contratadas con un vivero u otras que ya estén plantadas, en la medida que se puedan dejar como prendas”, plantea como uno de los temas pendientes por parte de la banca.
Ley de fomento frutícola
Una de las propuestas para apoyar la reconversión es la que ha vuelto a tomar fuerza desde Fedefruta, donde su nuevo presidente, Jorge Valenzuela, plantea crear una ley de fomento a la producción frutícola a nivel nacional, similar al Decreto de Ley 701 para el fomento forestal, que a mediados de los años 70 impulsó las plantaciones de ese sector en Chile.
De entrada, advierte que el DL 701 es solo un referente para ejemplificar en términos simples a dónde apuntan, pero que se debe elaborar un proyecto de ley que exija estudios técnicos de cada proyecto de reconversión, enfocándose especialmente en los agricultores medianos.
“Esta ley debería guiar y asesorar con tecnologías modernas el proceso de reconversión, en cuanto a seleccionar correctamente las especies, variedades y sistemas de riego, según el suelo y clima, tanto para quienes cambian de una especie a otra como para la reconversión varietal, porque puedes pasar plata, pero sin lo demás no va a resultar”, explica.
Si bien reconoce que muchos agricultores ya están en el proceso de reconversión, Jorge Valenzuela afirma que la necesidad de crear una ley de fomento tiene que ver con que el financiamiento que otorgan los bancos no ha sido suficiente y el sector necesita que el proceso se acelere.
“Yo creo que el Ministerio de Agricultura tiene clara la necesidad de reconversión, pero no hay que quedarse solo en el diagnóstico. El Gobierno tiene que actuar rápidamente porque si seguimos con lo mismo que ha existido hasta ahora, esto va a seguir muy lento y muchos agricultores van a quedar fuera del rubro agrícola. Esa es la urgencia que hoy le vemos a la reconversión”, advierte, y detalla que en Fedefruta ya cuentan con un grupo de estudio que está trabajando en afinar la propuesta para una ley de fomento frutícola.
“Mi propuesta es una cooperativa moderna, con fines de lucro, con la formación de empresas con reglamentos para capitalizar la empresa y repartir utilidades”.
ANTONIO WALKER
MINISTRO DE AGRICULTURA
Fuente: Revista del Campo