En abril las empresas del rubro pagaron por primera vez el nuevo tributo a las fuentes fijas de emisiones que estipuló la reforma tributaria. Empresas han frenado sus inversiones para no superar el límite de 50 MW de capacidad instalada. Tras el anuncio de la modernización, los empresarios plantean que seguirán buscando un cambio durante la discusión en el Congreso.
En pleno verano, el momento de mayor trabajo en el año, la planta de Aconcagua Foods en Buin llega a albergar 1.600 trabajadores. Duraznos son procesados y enlatados, manzanas son convertidas en puré para colaciones infantiles y tomates pasan a ser salsas.
No solo se necesita mano de obra. Las frutas y verduras deben ser sometidas a altas temperaturas para procesarlas y asegurar su sanidad y homogeneidad. Eso significa mucha energía, en el caso de Aconcagua Food, un poco menos de 50 MW de capacidad instalada.
La empresa está justo bajo el límite que estableció la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet -los mentados 50 MW de generación térmica- para pagar el impuesto a emisiones fijas.
-Basta con que crezcamos menos de 10% en nuestra generación para que ingresemos al tramo que paga impuestos. Por eso, nuestras inversiones están paradas. Con nuestro nivel de ingresos, no soportaríamos tener más impuestos -sostiene Roberto Murphy, gerente general de Aconcagua Foods.
Con los resultados en la mano del primer año de ejecución -en abril se pagaron por primera vez los impuestos a las emisiones-, un reciente informe de ChileAlimentos, el gremio que reúne a los procesadores, sostiene que una empresa con una utilidad promedio de US$ 4,3 millones pasó de pagar una tasa de 25,5% el año pasado a 40% en el actual, considerando la suma del impuesto a la renta y el de emisiones.
Juan Manuel Mira, director de ChileAlimentos y ejecutivo de la transnacional Sugal, destaca que en el primer año de ejecución las empresas del sector sumaron US$ 6 millones en tributos por emisiones.
De hecho, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se abrió a la posibilidad de reformar el “impuesto verde”, una de las razones esgrimidas por Iansa para cerrar su planta procesadora en Linares y concentrar su producción en San Carlos y Los Ángeles. Aunque el ofrecimiento de última hora no cambió la decisión de la azucarera, quedó dando vuelta entre los agroindustriales de que se abrió el debate al interior del Gobierno.
Uso veraniego, pago todo el año
-La ley está mal diseñada, porque se hizo por capacidad instalada y no por emisiones. Ese tipo de cálculo perjudica a las empresas agroindustriales, pues fue pensado para empresas que tienen una instalación industrial en la que se trabaja todo el año. Por el contrario, nosotros tenemos un procesamiento que se concentra en tres o cuatro meses, que es cuando se cosechan las frutas. No podemos mover nuestro trabajo a otra época del año, pues no tenemos materia prima en invierno o primavera -advierte Juan Vega, gerente de Agrozzi.
El ejecutivo explica que en la planta de Teno, Región del Maule, este año pagaron US$ 380 mil en impuestos verdes. Allí producen desde jugos hasta salsas de tomates.
A diferencia del resto de las empresas industriales y generadoras de electricidad, las agroindustrias no trabajan todo el año, usualmente la producción va entre enero y mayo, siguiendo el ciclo agrícola.
La reforma tributaria estableció un impuesto anual a las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono producidos por establecimientos cuyas fuentes fijas, calderas o turbinas, sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 megavatios térmicos, considerando el límite superior del valor energético del combustible.
Juan Vega argumenta que una empresa que tiene una instalación con 45 MW y que la utiliza a su máxima capacidad durante todo el año ocupa el equivalente a 540 MW. Esa firma está libre del pago de impuesto verde porque su capacidad instalada es inferior al límite que fija la norma tributaria. Sin embargo, una empresa agroindustrial con 50 MW de capacidad, que funcione cinco meses, usa un máximo de 250 MW, pero sí paga el impuesto verde.
-El negocio agroindustrial es de escaso margen y gran volumen. Para generar mayores ingresos el camino es crecer en capacidad de procesamiento. El problema es que bajo el actual esquema una empresa lo va a pensar mucho antes de crecer, pues un aumento de producción implica un salto importante en los costos si pasas del límite de los 50 MW.
Juan Manuel Mira argumenta que a pesar de su efecto importante en la agroindustria, la introducción de los impuestos verdes no ha recibido la atención equivalente.
-Hubo una gran discusión en la tramitación de la reforma tributaria porque se iba a pasar a impuestos que equivalían al 25% de las utilidades a un nivel de 27%. Sin embargo, en este primer año de implementación estamos viendo que en la agroindustria, por su estructura de producción, se están llegando hasta el 40% de las utilidades de las empresas -sostiene Juan Manuel Mira.
Decepción por anuncios
Para los agroindustriales, el anuncio de “modernización tributaria” de la administración del Presidente Sebastián Piñera no tuvo las novedades esperadas. Aunque el trabajo fue hermético al interior del Ministerio de Hacienda, en el agro se habían recibido señales de modificaciones a los impuestos a las emisiones fijas. Aunque no se esperaba que se terminaran, sí se apostaba a una modificación para adaptarlo al carácter estacional de la producción agroindustrial.
“No quedó nada”, reconoce Mira.
En todo caso, el representante empresarial señala que no bajarán los brazos. Su nuevo campo de batalla es el Congreso, en donde se discutirán los cambios tributarios propuestos por la administración de Piñera.
Juan Manuel Mira explica que se han reunido con 25 senadores, además de diputados, para explicarles la situación del sector.
US$ 380 mil en impuestos verdes pagó Agrozzi en suplanta de Teno.
1% de la recaudación total de los impuestos verdes corresponde a la agroindustria.
1,2 millones de ton CO {-2} al año capturan los cultivos asociados a la agroindustria.
Fuente: Revista del Campo