El presupuesto del Minagri llegaría a $599 mil millones, 0,6% de aumento real sobre el de este año. Las reparticiones más beneficiadas son Odepa, que tomará un rol más importante en el desarrollo rural, y el Indap, que apuntalará los encadenamientos productivos.
La información se guardó bajo siete llaves. Fue a fines de la semana pasada cuando la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ingresó en el Parlamento el Presupuesto Fiscal 2019.
Aunque queda un par de meses de discusión entre los congresistas, y de “gallitos” entre ellos y el Gobierno, ya hay señales claras de cómo viene la mano para el agro.
La administración del Presidente Sebastián Piñera declaró que una de sus metas es reducir la deuda fiscal, por eso las platas del Estado solo crecerán 3,8% el próximo año.
¿Cómo queda el agro en este nuevo escenario? La respuesta es que hace un sacrificio mayor que el promedio del aparato estatal. Para 2019 contará con un presupuesto de 599.188 millones. En términos simples, un aumento de 0,6% real respecto de las platas de 2018.
En el Minagri ponen el acento en que más que el pequeño aumento, lo relevante es cómo se usarán los recursos. El equipo del ministro Antonio Walker apunta a tres énfasis: el manejo del agua, la asociatividad y el desarrollo rural.
De hecho, uno de los cambios de 2018 fue crear un Departamento de Desarrollo Rural en la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (Odepa), y durante el próximo año esa unidad estará a cargo de coordinar las políticas de diversos ministerios respecto del desarrollo rural y la calidad de vida fuera de las ciudades.
Sube Odepa
Este año, la administración de Antonio Walker jugó con las cartas que le dejó la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. El presupuesto aprobado por los parlamentarios para el Minagri en 2018 llegó, en valores nominales, a $586.372 millones.
Si bien el aumento para 2019 es ligero -lo que genera resquemor entre algunos dirigentes gremiales-, bajo la superficie hay movimientos más importantes.
Por ejemplo, llama la atención la baja de $1.660 millones de la Subsecretaría de Agricultura respecto del año pasado, llegando a $64.953 millones para 2019.
En tanto, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, más conocida como Odepa, representa la tendencia opuesta, con un aumento de $2.612 millones, llegando a los $9.563 millones. Claramente, es una señal de que Walker y el Gobierno quieren usar a esa repartición como un puntal de sus políticas, especialmente respecto de la ruralidad.
De hecho, en un presupuesto que no se mueve mucho, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, tiene un crecimiento importante. El organismo pasa de tener $278.206 millones en 2018 a un presupuesto de $289.742 millones el próximo año. Claramente, el Gobierno no está dispuesto a dejar de lado el flanco social, a pesar de las críticas que ha recibido el Indap.
El punto más conflictivo para el agro es la situación del Servicio Agrícola y Ganadero. Año tras año, los dirigentes gremiales apuntan que es necesario dar un salto en su presupuesto. El aumento de las exportaciones agropecuarias hace que cada vez esté más en juego frente a un eventual problema sanitario. Adicionalmente, cada año se rompen récords de llegadas y arribos internacionales por avión. De hecho, la llegada de pestes como la Lobesia botrana ha revelado que las fronteras cada vez son más permeables.
Frente a esa preocupación, los $132.991 millones que tendrá de presupuesto el SAG en 2019 contrastan con los $133.131 millones de este año.
“Quiero dar mucha seguridad de que no vamos a poner en riesgo ningún programa del Ministerio de Agricultura que sea determinante para las exportaciones de Chile. La agricultura familiar campesina no va a tener un peso menos. Creo que hay muchos cuellos de botella, muchos lomos de toro, que hay mucha burocracia (…) Queremos contrarrestar este poco aumento de presupuesto con buenas ideas, con mucho trabajo, con una alianza muy estrecha con los gremios para llevar adelante nuestro programa”, argumenta Antonio Walker, ministro de Agricultura.
Se vienen los GTT Plus
En el Ministerio de Agricultura apuntan a que más allá del bajo crecimiento del presupuesto, lo importante es que están focalizando los recursos de manera más precisa, con un énfasis social y en el desarrollo asociativo.
Por ejemplo, se quiere dar una mayor importancia a los Grupos de Transferencia Tecnológica, que en la nomenclatura de la nueva administración del Minagri denominan “GTT Plus”. Una de las decisiones políticas para 2019 es potenciar el rol de los coordinadores de esas asociaciones. Con un convenio con Codesser-SNA se buscará que estas organizaciones, que tienen varias décadas de experiencia en GTT, apoyen a los grupos que operan al alero del INIA y de la Corfo.
Otra política que se potenciará será la del encadenamiento productivo. El método tradicional es que un poder comprador, que usualmente es una agroindustria o una cadena de retail , apoye la implementación de mejoras en la producción de los agricultores a los que les compra la materia prima. Tradicionalmente, este mecanismo ha estado orientado a la agricultura campesina. La novedad para 2019 será que se ampliará este instrumento a productores medianos, con ventas anuales entre 2.400 UF y 25.000 UF.
En el ámbito del agua -uno de los temas más sensibles para los agricultores y para la actual administración del Minagri-, junto con seguir con los embalses en desarrollo, se apoyará la formación de comunidades de aguas subterráneas. Una de las lecciones del amargo conflicto de Petorca es que la falta de asociaciones gatilló una baja regulación del acuífero, finalmente, el problema terminó por estallarles en la cara a los mismos agricultores.
En ese mismo ámbito, otro énfasis será sacar adelante el Código de Aguas, que actualmente se tramita en el Congreso. Ahí, la principal tarea de Walker, reconociendo que el proyecto enviado por la administración Bachelet tiene varios puntos positivos, es asegurar el respeto del derecho de propiedad.
También se impulsará el remate de los derechos de agua no utilizados.
Preocupación por el SAG
En un escenario en que el Parlamento comenzará a debatir, entre otras reparticiones, el presupuesto para el Minagri, los dirigentes agrícolas tienen posiciones claras.
Ronald Bown, presidente de la Asoex, explica que le gustaría ver un apoyo decidido al recambio varietal en la fruticultura “que permita mejorar nuestra competitividad a nivel mundial, sobre todo en especies como uva de mesa, arándanos y kiwis”.
El líder frutícola también pide apuntalar los programas de difusión y transferencia tecnológica directa hacia los productores, sobre todo pequeños y medianos, como forma de mejorar la productividad.
El SAG tiene una mención especial para Bown que estima que es necesario modernizar y potenciar. “La protección del patrimonio fito y zoosanitario es una herramienta de competitividad clave para nuestro sector, obviamente apuntando hacia un modelo de gestión público privado, dada la evidente carencia de recursos existentes en el sector público”, advierte Bown.
Esa misma repartición genera interés para Mario Pablo Silva, presidente de Vinos de Chile. “Es necesario unir en un sistema integrado y en línea la valiosa información que recoge el SAG para diferentes objetivos y que se maneja de manera separada. Esto permitiría un aumento en la eficiencia tanto para la gestión pública como la privada, porque disminuiría la duplicación de declaraciones (catastro, lobesia, declaración de existencias, etc.) por una parte, y focalizaría mejor la fiscalización que lleva a cabo el SAG”.
Silva explica que la inversión en investigación, desarrollo e innovación es clave. “Los beneficios recompensan con creces. La investigación en temas precompetitivos debe realizarse de manera conjunta con el Estado. El mejoramiento de los viñedos (genético y de sanidad); la adaptación al cambio climático; la producción bajo altos estándares de sustentabilidad, por nombrar algunos, tienen un impacto directo en los rendimientos, la calidad de las uvas y del vino y su comercialización”.
El viñatero agrega que “nos preocupa que el Fondo de Promoción de Exportaciones que el Ministerio de Agricultura transfiere a ProChile pueda incrementar su presupuesto”.
En tanto, Andreas Köbrich, secretario general de la Sociedad de Fomento de Temuco, advierte que las zonas rurales se están despoblando, especialmente de gente joven, por la baja calidad de vida respecto de las ciudades.
“Es necesario mejorar desde la infraestructura de caminos hasta la conexión digital, pasando por el acceso a la salud en zonas rurales. Es importante en el aspecto social, pero también en el desarrollo productivo. No se puede tener una agricultura moderna si tienes un puente que solo permite pasar con un vehículo con una carga de 5 toneladas, algo que pasa bastante en La Araucanía”.
132,9 MIL MILLONES de pesos recibirá el Servicio Agrícola y Ganadero el próximo año, frente a los 133,1 mil millones de pesos de 2018.
“Aparte de lamentar el magro o casi nulo crecimiento del presupuesto del Minagri, este debiese enfatizar la incorporación de nuevas variedades, mejoras en productividad de huertos, modernización del ministerio y del SAG, protección del patrimonio fito y zoosanitario… “.
RONALD BOWN
PRESIDENTE DE ASOEX
“Esperamos que el presupuesto incorpore la competitividad, la sustentabilidad y la equidad. Entre los ámbitos de mayor relevancia están la modernización del SAG, la inversión en I+D+i, la promoción en el mercado internacional, el enoturismo, el control de Lobesia y el capital humano”.
MARIO PABLO SILVA
PRESIDENTE DE VINOS DE CHILE
Fuente: Revista del Campo